Recientemente, hechos que no son propios de una competencia sana se han robado la atención de todos los colombianos. Los escándalos de corrupción, contrabando, amaño de precios y repartición de la cuota de mercado; son temas protagonistas en los diferentes industrias locales. Sin embargo, pese a estas complicaciones, la economía nacional progresa y después de China, es actualmente el país que crece a mayor ritmo.
Foto: www.sxc.hu Autor: (iprole)
En Colombia el Derecho de Competencia se ocupa de la protección de los intereses de los consumidores y se encarga también de garantizar la libre competencia en los diferentes sectores de la economía nacional. La entidad encargada de velar por estos derechos y deberes en Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que se ocupa principalmente de fortalecer los procesos de desarrollo empresarial y los niveles de satisfacción de los consumidores.
Los llamados “Carteles” en la economía hacen referencia a empresas que establecen acuerdos entre ellas mismas para pactar precios o repartirse el mercado, con el objetivo de evitar la competencia, controlar la oferta y la demanda, los precios y limitar la producción. Esta conducta tiene consecuencias penales dentro de Colombia ya que afecta la cadena productiva de una industria, contemplando sanciones pecuniarias o consecuencias legales si se realizan en licitaciones públicas.
En Colombia, hasta el año 2013, la SIC llevaba cerca de 70 procesos relacionados con los carteles empresariales. Algunos de los casos más sonados han estado centrados en contra de las principales cementeras del país como Argos, Cemex y Holcim, además, en la industria azucarera también se ha comentado acerca de un posible acuerdo de mercado y recientemente el tema relacionado con los pañales.
Cartel de Cementeras: Hace referencia a un acuerdo al que presuntamente llegaron las compañías más importantes del país de este sector, como Argos, Holcim y Cemex, para repartirse el mercado y fijar precios del cemento. Este debate tuvo origen debido al incremento que se ha presentado en el valor del bulto, donde en el año 2006 el precio de la bolsa de cemento costaba cerca de $7.500 y actualmente los precios asciende a cerca de $25.000. Así las cosas, algunas instituciones han afirmado que en Colombia se tiene el precio más alto de la región, comparado con países como Nicaragua donde el valor del bulto de cemento gris cuesta cerca de $10.500, en República Dominica $13.439, y en Perú $14.000. Respecto a este tema, el vicepresidente de Asuntos Corporativos del grupo empresarial Argos afirmó que la investigación que abrió la SIC no prosperará porque esta no es una práctica empresarial del grupo Argos. Según el directivo, una muestra de la diversidad de la oferta del cemento en Colombia es que la investigación se abrió contra 6 empresas del sector, gracias a correos electrónicos que entregó Argos a la SIC.
Cartel de Azucareras: En febrero del año 2012, la SIC abrió una investigación formal por la aparente ocurrencia de un cartel entre 12 ingenios azucareros y 3 asociaciones gremiales (Asocaña, Comercialiazadora Internacional de Azúcar – Ciamsa – y Desarrollos Industriales y Comerciales S.A – Dicsa -.), acuerdo que habrían pactado con el objetivo de disminuir la rivalidad entre ellos y restringir los altos volúmenes de azúcar que se importaban del extranjero. Respecto a este tema, Luis Fernando Londoño Capurro, presidente de Asocaña, afirmó que los ingenios jamás han formado un cartel de precios, lo que buscan los denunciantes en este caso es que se elimine el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (FEPA). Actualmente este proceso se encuentra bajo las investigaciones de la SIC.
Cartel de la Salud: Durante el año 2011 el país conoció el caso de corrupción más grande en el sistema de salud que costó inicialmente más de $30.000 millones de pesos por el fraude encontrado en el Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga), a través de recobros ilegales o falsos de medicamentos, servicios o intervenciones, miles de millones de pesos no eran destinados a la atención a los pacientes, e iban a los bolsillos de unos pocos. Debido a la falta de controles y a prácticas de algunos laboratorios y EPS, los recobros pasaron de $295.000 millones de pesos en 2005 a $2,4 billones en 2010.
Cartel de la Contratación en Bogotá: Este es un caso de corrupción ocurrido durante la administración del ex alcalde de la capital Samuel Moreno. El escándalo explotó cuando salió a la luz pública las pruebas que evidenciaban la negociación de multimillonarias comisiones por parte del ex congresista de la República German Olano. La principal obra que se vio afectada por este carrusel de contratos fue la construcción de la tercera fase del Transmilenio que llegó a presentar retrasos por más de dos años. El 70% de esta obra fue adjudicada al conocido Grupo Nule, al que fueron girados más de $80.000 millones de pesos provenientes de anticipos de obras que habían sido desviados a otros intereses de este conglomerado.
Cartel de Pañales: Este es el caso más reciente en la economía e involucra a los fabricantes de las marcas Winny, Huggies, Pequeñín y Baby Sec, que concentran el 96% de un mercado local y mueven aproximadamente US$300 millones cada año. Según la SIC los representantes de las compañías Tecnoquímicas -Tecnosur, Colombiana Kimberly Colpapel, Productos Familia y Drypers, se reunían periódicamente para manipular los precios de los pañales desechables, la calidad de los productos y hasta los mecanismos de comercialización. Se estima que estas prácticas se tradujeron en un sobrecosto entre 10% y 15% para los consumidores debido al incremento en el valor de los pañales. Según la SIC las pruebas eran tan evidentes que dos de los implicados reconocieron su participación en dicho acuerdo y pidieron protección a cambio de colaboración con la justicia. Gracias a las investigaciones, se han obtenido cerca de 700 correos electrónicos, más de 30 declaraciones y testimonios, donde también se recopilaron pruebas de más de 20 reuniones llevadas a cabo en el exterior y donde se acordaban los detalles de la ejecución del denominado cartel.
Para tratar de combatir este flagelo, la SIC lanzó un programa de beneficios que contempla que si uno de los miembros de un cartel delata la existencia del mismo y aporta pruebas suficientes para llevar a cabo el desmantelamiento de tal pacto, será exonerado a las penas que la ley le obliga a asumir, siempre y cuando no sea el líder de dicho cartel.
