El año pasado, entre marzo y abril, fue declarada una alerta roja ambiental durante 40 días en Medellín. Dicha alerta, producto de las alarmantes condiciones reportadas por las estaciones de monitoreo del SIATA, encargadas de la medición de los microgramos de partículas PM 2,5 presentes en el aire, puso en evidencia la crítica situación que enfrenta la ciudad en materia de planeamiento y administración ambiental, y que hoy se vuelve a presentar.
Fuente: Pixabay
La situación es tal, que la ciudadanía encuentra que las medidas cautelares que se impusieron hace un año, entre las que se encuentra la ampliación del pico y placa, el día sin carro, y la gratuidad en el Metro de Medellín, no han logrado atacar el nudo central de la problemática, ya que de ser así, no se habría declarado, como ya se hizo en cuatro ocasiones, alerta naranja por el mismo suceso durante las últimas tres semanas.
De esta manera vale la pena hacer un repaso sobre los principales sucesos que se desarrollan en el contexto de la ciudad, y que permiten entender el tipo de medidas que se dan en el Valle de Aburrá frente a la contaminación ambiental. En primer lugar, es bien sabido que la situación geográfica de la ciudad es un elemento que juega en contra de la evacuación de los agentes contaminantes del aire. El hecho de estar rodeados de montañas hace que la velocidad de los vientos disminuya de manera sustancial, lo que hace que la dispersión del aire esté muy por debajo del de otras regiones. Adicionalmente, en las épocas lluviosas, la acumulación de nubes hace que los gases de efecto invernadero se acumulen en mayor medida, lo que explica que los eventos de emergencia se hayan generado precisamente en marzo, un mes lluvioso para la ciudad.
Sin embargo, más allá de ello, existen muchas otras dinámicas que ponen en evidencia que el problema que enfrenta la ciudad es un tema que exige esfuerzos de fondo, y no puede pasar desapercibido en adelante, tanto para los entes gubernamentales y territoriales como las personas del común, quienes finalmente sufren las consecuencias y ven afectada su calidad de vida.
El crecimiento demográfico que se ha presentado en la ciudad de Medellín ha contribuido a que el parque automotriz haya aumentado en un porcentaje de 181% durante los últimos once años, por lo que en la ciudad circulan diariamente cerca de 1,4 millones de vehículos, los cuales se estima contribuyen con cerca del 80% de las emisiones que se recibe la capital antioqueña día a día, distribuidos entre partículas menores, emisiones de dióxido de carbono, metano, y oxigeno nitroso.
Adicionalmente, los camiones son los principales automotores contaminantes, pues del porcentaje de emisiones hecho por los vehículos estos contribuyen con el 36%, seguidos de las motocicletas y volquetas, con un 23% y 22% respectivamente.
Por su parte, el hecho de que el parque automotor haya aumentado, también es atribuible a los incentivos que se generan desde las políticas ejecutadas por los encargados de la movilidad de la ciudad. En los últimos años estos agentes han direccionado sus esfuerzos al mejoramiento de las vías para los automóviles, mientras que la ampliación de escenarios para la utilización de otro tipo de medios de transporte, como las ciclorrutas, sigue siendo muy pobre frente ciudades como Bogotá, a pesar de los esfuerzos que se hacen en programas como Encicla, el sistema de bicicletas públicas articulado al Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá. A la poca utilización de este tipo de medios de transporte también contribuye la falta de civismo de los ciudadanos, lo que ha hecho que muchos ciclistas resulten víctimas de la imprudencia de los autos en hechos en los que muchos de ellos resultan heridos o muertos, no en vano se han generado escenarios de protesta ciudadana en varios puntos de la ciudad con motivo de la problemática ambiental que se vive y de la falta de respaldo y seguridad a este tipo de medidas que pueden contribuir a mejorar la situación actual que atraviesa la ciudad.
Paralelamente, en igual o peor medida también contribuye al problema el hecho de que una parte de los transportadores, por medio de intermediadores en centros automotores, saltan los mecanismos de vigilancia y control a emisiones, como la Revisión Técnico Mecánica y la Revisión de Gases. Según los informes de las autoridades competentes, cerca del 46% de los vehículos con certificado de gases no cumplen con los estándares o poseen certificados adulterados en la ciudad, en gran medida por el número de agentes que intervienen en los controles.
Ante este panorama, es necesario tomar medidas contundentes y estructurales que permitan restaurar la calidad del aire en la ciudad y en el Área Metropolitana, ya que medidas como la mejora en la calidad de los combustibles, ampliar el pico y placa por uno o dos días, o añadir las motos 4 tiempos, son tan solo medidas coyunturales para enfrentar la crisis por la que atraviesa la ciudad, y no hacen eco en la institucionalidad que se gesta entorno a la movilidad, por lo que no logran frenar a los principales gremios que intervienen en la problemática: transportadores, taxistas, industriales. Es necesario una política pública de incentivo al uso del transporte público, una ley efectiva al desarrollo de la infraestructura vial que permita el uso de otros medios de transporte, medidas que permitan la entrada de otro tipo de automotores como los vehículos eléctricos, y mecanismos estrictos de vigilancia, tanto a autos como a la creciente industria de la ciudad. No está de más recordar que en la ciudad de la eterna primavera mueren ocho personas al día por enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire, una cada tres horas, y en el último año esta cifra ha aumentado en un 20%.
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