Las diferentes estructuras que se enmarcan dentro de una economía, haciendo alusión a la forma como se generan los procesos transaccionales y el cumplimiento que estos dan a las normas establecidas dentro de una sociedad, son temas que preocupan a los dirigentes y que deberían inquietar a aquellos comerciantes que cumplen cabalmente con la legislación, e incluso al ciudadano corriente, al consumidor de a pie, porque, al final, el impacto de la economía subterránea (ES), es general.
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Ahora, ¿qué es la economía subterránea? Según Martha Misas, investigadora del Banco de la República, la economía subterránea, de forma general, está definida como “aquella asociada con actividades al margen del código legal de un país”. Partiendo de esta definición, podemos decir que la ES incluye las actividades relacionadas al narcotráfico y, desde luego, las actividades informales.
En Colombia, la ES ha tenido dos fases: antes y después del narcotráfico. Antes del auge del comercio de narcóticos, que tuvo sus inicios en la década de los 50’s y los 60’s con la marihuana y se potencializó después de los 80’s con la llegada de la Coca y la Amapola, la ES se reducía a aspectos de producción y comercio informal en las ciudades y al típico contrabando, entre los que cuentan los metales preciosos, el ganado y el café (Misas et al.) (Ver: El Contrabando: Flagelo que está Atacando el Desarrollo Económico del País).
La segunda fase, sobra explicarlo, incluye todas las actividades afines al narcotráfico, entre las que cuentan variables como el micro tráfico y el sin número de sustancias que abarca, el comercio de armas, la prostitución, la trasformación de la estructura de la propiedad campesina por causa de los cultivos ilícitos y ocultamiento de bienes, aquellos que no se logran “legalizar” mediante lavado de activos (Ver: La Lista Clinton y su Relación con el Narcotráfico en Colombia).
Con lo anterior se puede evidenciar, sin necesidad de cálculos exhaustivos, que de hecho son difíciles de llevar a cabo por la misma naturaleza de este tipo de mercado, el auge que la ES ha venido presentando, no solo en Colombia, sino en la economía global. Más, cuando el fenómeno de la globalización, acompañado de los avances de las tecnologías de la información, está en pleno desarrollo, en medio de regulaciones dispares entre los bloques regionales y los mismos estados (Ver: Reforma Tributaria, Impuestos e Informalidad).
Ahora, la disyuntiva está en si este tipo de economía se debe o no incluir en el PIB de las naciones. El tema es punto de conversación tanto en Colombia, como en Europa. En cada lado los argumentos son múltiples; en Europa, por ejemplo, específicamente en Italia, Gran Bretaña e Irlanda, la divergencia parte de que, de incluir los dineros derivados de las ES en el PIB, se realizaría una ofensa contra las víctimas del consumo de drogas y la prostitución, siendo países donde esta última actividad es bien regulada. Por otro lado, están quienes argumentan que incluirla facilitaría el acceso a la información y así mismo se podría atacar el problema. Por ahora, y con datos a 2013 presentados por el Banco Central de Italia, en ese país la ES representa cerca del 11% de su PIB, mientras que en Gran Bretaña dicho valor desciende al 1%.
En Colombia, la diferencia radica en que instituciones como el DANE y otros miembros del poder creen que son de mayor relevancia aspectos como el censo poblacional y de vivienda, el perfeccionamiento de las cuentas de la balanza financiera y la inclusión de otros servicios “honrosos” en el PIB, como el caso del trabajo en el hogar. Mientras tanto, el lado opuesto, plantea que conocer los datos permitiría tomar acciones en contra, una idea similar al caso de Europa, con la diferencia de los escasos datos históricos y la pobre regulación en temas como la prostitución (Ver: El Mercado de los Servicios Sexuales en la Economía).
En términos de participación de la ES en el PIB nacional, uno de los estudios más completos lo presenta Óscar Useche, adscrito al centro de pensamiento de la Universidad Minuto de Dios, con el apoyo de Planeación Nacional, Naciones Unidas y el Departamento de Estado de Estados Unidos. En él calculan que, en el 2013, la ES generó cerca de 38 billones de pesos, un 5% del PIB de ese año, distribuidos aproximadamente así: 18 billones fruto del narcotráfico, 10 billones de la minería ilegal, 6 billones de corrupción, 2 billones de extorsiones y secuestro y unos 2 billones más por otros delitos transnacionales como la prostitución y la trata de personas. La cifra debe ser mayor si se observa que no se incluye comercio informal y otros tipos de contrabando (Ver: ¿Es el PIB una Medida Eficiente de la Economía?, ¿De qué Otra Forma Se puede Medir?).
Finalmente, una solución sencilla y clara fue recién planteada en “Despenalización, Legalización e Impuestos al Narcotráfico” por Sergio Clavijo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, quien, en colaboración con Juan Sebastián Joya, plantea que bajo un modelo de monopolio, la legalización y el establecimiento de un impuesto por parte del estado al consumo de marihuana, este puede terminar apropiándose de los excedentes tanto del productor como del consumidor. Un buen ejercicio, que incluso podría ser llevado a otras esferas de la ES.
