El PIB de productos metalúrgicos incrementó en lo corrido del año, así como la producción de acero crudo y aceros laminados largos, no obstante, el sector se ha visto fuertemente afectado por la guerra comercial que han sostenido EE.UU y China, ante este panorama el Gobierno ha implementado una serie de medidas comerciales que van desde derechos antidumping hasta salvaguardias para proteger a los productores de acero colombianos. Pese a las medidas, los productos de acero subsidiados siguen ingresando al país poniendo en riesgo la actividad productiva.
Fuente: Dane. Leche UTH Entera en eje derecho.
Así mismo, las exportaciones de hierro y acero disminuyeron en lo corrido de 2019 debido a las consecuencias derivadas de la guerra comercial.
Dadas las restricciones que impuso EE.UU a China en lo corrido del 2019, gran cantidad de productores de China buscaron economías emergentes donde vender su producción. El director de Camacero, Andrés Ramírez, indicó que en esa guerra comercial se dejaron de exportar más de 20.000 toneladas al país norteamericano.
Así mismo, Javier Díaz Molina, presidente de Analdex manifestó que los mayores efectos de la guerra comercial se dieron en las exportaciones, indicando que entre enero y mayo de 2018 Colombia exportó USD 17.223 millones, mientras que para el mismo periodo de 2019 se exportaron USD 17.222 millones.
Pese a la guerra comercial, China ha logrado recuperarse y está produciendo alrededor del 56% del acero mundial. En agosto de 2019, su producción se incrementó en un 9,3% respecto al 2018, según informó la Asociación Mundial del Acero. Las importaciones de estos materiales hacia Colombia han afectado significativamente la industria de manera que el Gobierno Nacional ha tenido que tomar medidas para proteger la industria. No obstante, el Gobierno decidió no imponer un gravamen del 20% a los tubos de acero soldados de origen chino con la resolución 225 del 1 de octubre del 2019, lo cual cayó mal entre los productores nacionales que tacharon esta decisión como una “muerte para las empresas locales”. Según Camacero, la decisión del Gobierno pone en riesgo a más de 10 empresas nacionales que generan cerca de 5.000 empleos directos.
