El sistema de devoluciones del IVA sigue siendo vulnerable. El nuevo desfalco a la Dian por $50.000 millones y que dejó la captura de 17 personas y dos prófugas, es prueba de ello y aún más si se tiene en cuenta que las pérdidas por este tipo de robo ascienden a un total de $2 billones. A corto plazo la justicia tiene en sus manos las sanciones para quienes están cometiendo estos delitos, pero a largo plazo, la Dirección tiene una deuda pendiente para poder ejercer más controles sobre estas transacciones: la factura electrónica, la cual estarían obligados a utilizar por lo menos 25.000 contribuyentes en dos años.
Foto: www.sxc.hu (Autor:John Ridley)
Desde 2011, cuando ocurrió el primer millonario desfalco a la Dian a través de exportaciones ficticias y empresas de papel, se había puesto sobre la mesa la necesidad de masificar la facturación electrónica como una herramienta para disminuir este flagelo.
Actualmente, la Dian está socializando un borrador que pretende regular este sistema, que consiste en equiparar la factura física con el documento electrónico. En él se manifiesta que la entidad será la encargada de determinar quiénes estarán obligados a utilizar el mecanismo, uno de los principales cambios en la política, pues actualmente solo se implementa por iniciativa propia.
La Directora de Gestión de Ingresos de la Dian, Cecilia Rico, indicó que aunque actualmente están trabajando en toda la caracterización, el primer nicho que se ha pensado para la obligatoriedad son quienes “quieran devoluciones de saldos a favor y que se hagan bimestralmente. Nosotros en el año tenemos 25.000 solicitantes de saldos a favor, siempre son los mismos, y de eso hay un grupo que son productores de bienes exentos, exportadores, ese es un nicho que estamos mirando. Con este mecanismo es mucho más fácil el control si se mete al pequeño y mediano empresario”.
Aunque desde 1999 se inició el camino hacia la documentación digital y en 2007 se definieron los procedimientos para adoptar el sistema de facturación electrónica, solo 2% de las empresas del país lo han implementado, según un estudio de la compañía F&M Technology. Óscar Moreno, socio de la empresa y vicepresidente de la comisión de facturación electrónica de la Cámara de Comercio Electrónico, indicó que la adopción del sistema no se ha dado “básicamente por un tema cultural, ya que las empresas están acostumbradas a recibir la factura en papel y se sienten muy seguras con los sellos para hacer un cobro posterior”.
Para Erick Rincón, gerente de Certicámara, la falta de masificación se debe a que el tratamiento jurídico de la factura electrónica es discriminatorio, pues aún no sirve como título valor y quienes entran a utilizarla están excesivamente fiscalizados.
El borrador de decreto, que está siendo socializado por la Dian, determina las condiciones de expedición del documento, el proceso con los clientes, el control y el papel de los operadores. En él se eliminó el requisito de la certificación ISO 9001 para quienes hacen la transacción electrónica y se busca la alta especialización de los proveedores del servicio.
Moreno señaló que el “espíritu del decreto va dirigido a la masificación, pero no en el sentido de la facilidad del proceso, sino de la obligatoriedad y la desaparición del concepto de facturación por computador”.
Sin embargo, ya hay varias recomendaciones puestas sobre la mesa para cambiar el decreto. Los expertos indicaron que en el documento hace falta que se permita que la factura electrónica sirva como título valor, es decir que sea negociable, y que haya un desarrollo de interoperabilidad, es decir compatibilidad técnica entre las diferentes plataformas de facturación.
