La reforma rural, antes conocida como reforma agraria, cobra nuevamente importancia en la agenda del país, ya que es una herramienta clave para el buen funcionamiento de las tierras productivas y las condiciones económicas de la población agraria.
Fuente imagen: shutterstock
Esta reforma, en particular, consta de un conjunto de medidas socioeconómicas y políticas que buscan determinar y modificar la estructura de la propiedad y la producción de la tierra en el territorio nacional, atendiendo dos frentes importantes: reducir los niveles de concentración de la propiedad de la tierra y regular la productividad agrícola.
Articulo relacionado: La Ley Zidres, ¿Una Estrategia para Fomentar el Desarrollo Rural?
En otras palabras, la reforma pretende aumentar la productividad del sector agropecuario e incentivar a la creación de pequeños y medianos agricultores que desplacen a los latifundistas.
Retrocediendo un poco, en el siglo XX se intentaron efectuar tres reformas agrarias en Colombia, durante los gobiernos de Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos y Alberto Lleras Camargo.
En 1961, el presidente Lleras Camargo sancionó una de las reformas más importantes del siglo XX, en la que se retomó la ley de extinción de dominio y de readjudicación de tierras, figura liderada en aquel entonces por el senador Carlos Lleras Restrepo.
En 1966, Carlos Lleras Restrepo ganó la presidencia y en su mandato se creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –INCORA– y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –ANUC–, para la administración y adjudicación de las tierras baldías. Esta reforma es recordada por ejecutar la redistribución de tierras más grande que ha existido en Colombia, sin embargo, también lo es por la mala ubicación de las mismas, ya que se encontraban aisladas de las principales vías de trasporte, lo que incrementaba significativamente los costos, perjudicando a los agricultores beneficiados con la medida.
Posteriormente, bajo el mandato de Misael Pastrana Borrero, se sancionó la Ley de contrarreforma, que acabó con la normativa agraria de 1961.
Más adelante, en 1994, César Gaviria Trujillo intentó impulsar una reforma agraria que reviviera el INCORA, no obstante, el país atravesaba un momento difícil en materia de apertura económica, narcotráfico y paramilitarismo, fenómenos en los que confluyeron diversos actores que se apropiaron ilegalmente de grandes extensiones de tierras, originando desplazamientos masivos de campesinos hacia las ciudades.
En los últimos años, a raíz del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2017 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, se ha llegado a la conclusión de que una de las principales causales del conflicto armado fueron las desigualdades económicas y sociales de los habitantes del campo. Por esa razón, la reforma rural integral prometía un cambio en la vida de los excombatientes, otorgando acceso a tierras y créditos para su productividad, salud, educación y asistencia técnica, así como el mejoramiento de las vías, para lo cual se crearon tres agencias: la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia para la Renovación del Territorio. Hasta el momento el proyecto avanza lento y con una férrea oposición.
Además, la reforma rural integral aún tiene grandes retos por definir, entre los que se encuentran el catastro multipropósito que definen la propiedad de las tierras y su uso, y la delimitación de las zonas que no son susceptibles a utilización, como los páramos y las reservas naturales.
Lea: Impacto Sectorial del Plan Nacional de Desarrollo (Parte I): Agro, Comunicaciones, Transporte, Construcción y Extracción Energética
Ante la nueva reforma rural, impulsada por el Gobierno de Duque a través del Plan Nacional de Desarrollo, los indígenas y campesinos han expresado su preocupación, ya que consideran es lesiva para la población rural, la cual es más vulnerable. Según la ley vigente, el Gobierno nacional debe consultar con las comunidades la redistribución de las tierras, lo cual se pretende eliminar. Incluso, diversos sectores señalan que las nuevas tierras y su redistribución irán destinadas a actividades agroindustriales y proyectos extractivos de minería, lo que podría desembocar en nuevas disputas territoriales.
De ser así, la propuesta desencadenaría un desequilibrio entre la economía campesina, la agroindustria y los puntos pactados en el acuerdo de paz referentes al campo, en un país con gran potencial agropecuario en el que el 63% de los agricultores de familia no tiene acceso a asistencia técnica, crédito, riego, ni tierra, según voceros campesinos. Cabe destacar que la agricultura campesina genera más de la mitad de la producción agropecuaria nacional, por lo que redistribuir el territorio a su favor generaría mayores rendimientos que aquellos aportados por los inversionistas, quienes además se beneficiarán de exenciones consignadas en el PND.
En definitiva, el Presidente Duque recibió las bases para generar una reforma rural solida que ayude a consolidar y mejorar las condiciones del campo colombiano. Quedará como responsabilidad de su Gobierno dar solución a un problema histórico y el impacto que tendrá en favor de los campesinos o de los grandes capitales de la agricultura.
Articulo relacionado: Mercado Agroquímico se Mueve al Compás del Desempeño del Sector Agrícola
