Desde que inició el controvertido programa Ser Pilo Paga en 2015, como incentivo para que los mejores estudiantes accedieran a la universidad de su elección, se ha especulado sobre la finalidad implícita de esta política de servir como instrumento de privatización de la educación superior en el país. Pero, ¿será eso cierto?
Fuente: Pixabay
Si bien no puede identificarse un argumento que salde la discusión en favor de los que apoyan el programa, ni de aquellos que lo reprueban, las cifras indican que el 83,8% de los 30.531 pilos se han decantado, en pleno derecho y con libertad, por instituciones privadas. Además, de que ocho universidades privadas han acogido cada una en sus aulas un mayor número de estudiantes del programa, a comparación de la Universidad Nacional, la cual lidera la lista de las públicas. Estos números, aunque no son concluyentes, permiten identificar la tendencia de los considerados mejores estudiantes que eligen universidades privadas por encima de las públicas.
No obstante, no se puede aseverar que Ser Pilo Paga corresponde a un intento escalonado de privatizar la educación mediante una vía alterna a la reforma del sistema, sin tener en cuenta otros aspectos. Por ejemplo, la calidad académica alcanzada por las universidades privadas, que en considerables casos es igual o superior a la de las universidades públicas, con la ventaja de su buena imagen y la posibilidad de culminar los estudios en un período de tiempo menor. No por esto se puede tachar de egoístas a los pilos que desean estudiar sin mayores contratiempos, ni de apáticos por no identificarse con las dinámicas ni las luchas estudiantiles promovidas desde las universidades públicas, cada vez en mayor declive debido a la recurrencia de los paros y a la poca articulación con la que cuentan, salvo contados casos.
Como prueba de la excelencia académica de las universidades privadas, el Ranking QS, uno de los tres medidores más prestigiosos de la calidad de las instituciones de educación superior alrededor del mundo, ubica a las universidades de los Andes, el Externado de Colombia, a la Javeriana, a la Sabana, a la del Norte y al Rosario como la segunda, tercera, cuarta, sexta, séptima y octava mejores universidades del país. Si bien por sí solo el listado no es garante de nada, es un buen termómetro para concluir que algo bien hecho están haciendo los establecimientos universitarios de carácter privado.
Ahora, tampoco se puede desechar uno de los argumentos más elocuentes de los detractores del programa: existe una oferta de educación pública de calidad, con precios considerablemente menores a los de las universidades privadas, que permitirían mayor cobertura e impacto en un país que no se destaca por brindarle oportunidades académicas de calidad a sus jóvenes. De hecho, para recurrir con justicia al ranking presentado con anterioridad como argumento, si seis de las mejores diez universidades corresponden a instituciones privadas, significa que cuatro públicas también hacen parte de la lista, aún con los problemas que acarrean. Esto corresponde, en otros términos, a un porcentaje nada despreciable del 40% de la oferta de mayor calidad educativa en el nivel superior, a un costo menor.
Para llevar este argumento a lo numérico cabe mencionar que el gasto estimado durante el 2017 para las tres cohortes que hacen parte del programa asciende a los 521.988 millones de pesos, que divididos entre los 30.531 estudiantes proporcionan un monto promedio de 17.096.983 por persona. A su vez, si esta cifra se divide en los dos semestres que componen el año académico, se obtiene como resultado 8.548.491 pesos por estudiante cada semestre, lo cual, en muchos casos, no alcanzaría a cubrir ni siquiera el valor de la matrícula de algunas universidades privadas.
Por su parte, en una universidad pública como la de Antioquia, los estudiantes de los estratos 1 y 2 que obtienen y conservan un promedio mínimo de 3.8 (lo cual, en suposición, no representaría mayor dificultad para los mejores estudiantes del país) cancelan por concepto de matrícula mil pesos semestrales, un precio más que accesible para cualquier persona. Esto quiere decir que los ocho millones y medio que promedia cada estudiante del programa para su matrícula y sostenimiento por semestre podrían utilizarse en el sostenimiento de dos estudiantes más, de similares condiciones, en el mismo periodo de tiempo. De esta forma, en el caso hipotético de que la totalidad de los pilos fuesen estrato 1 o 2, decidieran estudiar en la Universidad de Antioquia, sobrepasaran el filtro que supone el examen de admisión y obtuviesen el promedio académico solicitado, no serían 30.531 los beneficiados, sino 91.593. Este ejemplo, aunque hipotético, pone de manifiesto que la apuesta por la educación pública permitiría una mayor cobertura sin necesidad de adicionar recursos y con un nivel académico similar.
Lo que sí está claro es que la causa de la desfinanciación de las universidades públicas no se debe al programa Ser Pilo Paga; sus raíces son más profundas y cargan lastres de una política pública de educación mal diseñada y obsoleta, que se ha tratado de reformar, pero nunca en beneficio de una educación pública de calidad. Por mencionar uno de esos problemas, se encuentra el sistema de puntos otorgados a los profesores universitarios por publicaciones científicas, contemplado en el decreto 1279 de 2002, el cual repercute en aumentos salariales, con los consiguientes aumentos en cesantías, primas y pensiones, y que ha provocado un oleaje de publicaciones basura y un déficit de 800 mil millones que actualmente el Estado les adeuda a las universidades públicas.
Por supuesto, no se quiere expresar que los profesores no deban investigar y publicar, ni que sea culpa de su labor el problema de recursos de las universidades públicas, sino ejemplificar con esta situación la perversa política de educación actual, que contempla sueldos base poco remunerados para el desempeño de una profesión esencial en la construcción de una sociedad más equitativa y que desencadena en este tipo de problemáticas.
Finalmente, lo que demuestra la situación actual es que tanto pilos como profesores, dos de los pilares clave de la educación superior, cargan con las responsabilidades de un sistema de educación mal estructurado que los sacrifica como carne de cañón y que suele salir en limpio. Por: Daniel Moreno Montoya Contacto: danielmoreno.19@hotmail.com
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