Algunas decisiones tomadas por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, causaron polémica por, supuestamente, socavar el Gobierno Corporativo de EPM. Con la intención del alcalde de cambiar el objeto social de la compañía iniciaron los problemas de gobernabilidad, debido a que no tuvo en cuenta a la Junta Directiva en esta iniciativa. Un segundo capítulo del problema fue la decisión de demandar a los constructores, diseñadores, interventores y aseguradores del proyecto de Hidroituango por $9,9 billones. Nuevamente, la Junta Directiva no fue tomada en consideración. En respuesta a las decisiones tomadas por la administración del municipio de Medellín, los ocho miembros de la Junta Directiva renunciaron simultáneamente. La inestabilidad en la gobernabilidad de EPM se vio reflejada en el deterioro de la calificación de riesgo de la compañía por parte de Fitch Ratings. Cuando se percibía cierta estabilidad en el Gobierno Corporativo, la salida del gerente general de EPM, Álvaro Rendón, abrió un nuevo capítulo en la polémica de la gobernabilidad de una de las principales empresas del país. En abril de 2021, se designó a Alejandro Calderón como nuevo gerente de EPM.
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