A finales de mayo, Goldman Sachs pagó alrededor de 865 millones de dólares por unos bonos con vencimiento en 2022 de la empresa estatal PDVSA. En medio de un país sumergido en una grave crisis, las protestas no se hicieron esperar, catalogando al principal banco de inversión del mundo como financiador del terrorismo, la dictadura y la represión.
Sobre estos títulos, catalogados por el mercado financiero como bonos del hambre debido a que se negocian a tasas muy bajas por los miedos crónicos de impago de deuda, Goldman Sachs afirmó que invirtieron en PDVSA porque si bien reconocen que la situación del país es de crisis, consideran que esta debe mejorar con el tiempo.
El banco de inversión acordó con el Banco Central de Venezuela la compra de títulos de la empresa petrolera con un descuento de 69%, por los que Goldman Sachs pagó 865 millones de dólares, es decir, 31 centavos de dólar por cada título.
Según estadísticas oficiales, al momento de completarse la operación, las reservas internacionales (¿Hasta Cuándo le Durarán las Reservas Internacionales a Venezuela?) del Banco Central de Venezuela pasaron de 442 millones de dólares a 10.800 millones, pues este movimiento generó también la participación de otros actores con sus recursos.
La oposición venezolana inmediatamente reaccionó al movimiento financiero y el diputado Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, envió una carta (Twitter) a Lloyd Blankfein, CEO de Goldman Sachs, comunicándole su enorme preocupación. En el texto, Borges hace énfasis en que la decisión del banco estadounidense apoya la financiación de un régimen autoritario y viola los derechos humanos al servir con recursos que fortalecerán la represión de gran cantidad de venezolanos que buscan un cambio para su nación.
Ricardo Haussman, Ministro de Planificación de Venezuela en 1992 y actualmente profesor de economía de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, calificó la transacción de criminal y cuestionó por el originario de la intermediación y el papel de la comisión cobrada en este movimiento.
Carlos Valero, miembro de la comisión financiera del congreso venezolano, consideró que “es muy grave que este dinero sea recibido por un gobierno represivo y corrupto, y que un banco internacional salga ileso de la situación”.
Si bien Goldman Sachs manifestó que la operación no obedece a motivos políticos, pues están apostando a un cambio de gobierno que podría duplicar el valor de la deuda, sus recursos están oxigenando la economía de una nación convulsionada que contabiliza más de 50 muertes en medio de las protestas.
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