Una nueva protesta agraria paralizó el país desde el lunes 28 de Abril. Las dignidades campesinas reclaman al Gobierno por el incumplimiento en los acuerdos pactados durante el paro de septiembre del 2013.
Foto: commons.wikimedia.org (Autor:BluesyPete)
Varios son los puntos en los que aún no se avanzan para llegar a un acuerdo entre gobierno y agro, el presupuesto para el campo, la reducción del precio de fertilizantes y los actuales tratados de libre comercio, son los de más énfasis.
Finalizado el pasado paro, presentado en septiembre de 2013, se emitió un comunicado en el que se señalaba que “el gobierno nacional se compromete a no aplicar la resolución 970 del 2010 a las semillas nacionales, y a trabajar en una mesa técnica el tema de semillas con delegados de la presente mesa, en la estructuración de una nueva propuesta sobres semillas certificadas que no afecten al productor agropecuario”. Esto en el caso específico del sector arrocero.
La resolución 970 es una ley que nace como condición de EE.UU para acordar el TLC, en el que se exige a los campesinos sembrar arroz sólo con semillas certificadas y no como tradicionalmente lo hacían, una práctica que consiste en reservar una parte de los cultivos de arroz para después reutilizarlos como semilla en la próxima siembra.
Es entonces el TLC uno de los mayores puntos de discordia entre los representantes del paro y el Gobierno. Según analistas, los tratados de libre comercio son el problema principal del agro en Colombia y por ende la solución sería revertirlos.
El control a los altos costos de los insumos agroquímicos ha afectado directamente el desempeño del campo, los campesinos alegan que el gobierno no ha cumplido con el compromiso de adoptar una verdadera política de control de precios.
Para los líderes campesinos, el gobierno no tiene una política clara de control a la minería y la protección de los recursos naturales. La denuncia es por la explotación de varios yacimientos mineros que, reclaman ellos, afectan gravemente las comunidades aledañas. Otros de los puntos en discordia es la condonación de créditos bancarios, pues los campesinos piden que sus deudas tengan un tratamiento especial, debido a las pérdidas que genera el cambio climático, los altos costos de los insumos y los actuales tratados de libre comercio. Pero el Gobierno Nacional insiste en que la gestión se ha hecho, en un informe presentado a los diferentes sectores, el Ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, indicó que a la fecha se han diligenciado 151 brigadas de crédito del Banagrario que se han hecho en Boyacá, Cundinamarca y Nariño a 1.434 clientes.
Además de lo anterior, los campesinos también piden apoyo a cultivos alternos en zonas productoras de papa como Boyacá, Cundinamarca y Nariño. Lo que buscan es evitar el desplome de los precios de la papa, debido a una sobreproducción.
Pero para el Gobierno, el paro que nuevamente se presenta no tiene una fundamentación campesina. El Ministro de Agricultura declaró recientemente, “no veo un paro agrario sino un paro con intereses políticos” refiriéndose específicamente al bajón de popularidad que recibe la campaña del presidente candidato con el nuevo paro agrario.
Antes de convocado el presente paro, el gobierno afirmaba haber cumplido con el 60% de los puntos acordados, pero los representantes del campo no creen en esa cifra, pues afirman que el sector agropecuario está colapsando. Lo cierto es que las pérdidas ocasionadas por la movilización agraria son millonarias.
