Los sistemas pensionales han sido diseñados con la intención de cubrir a la población de los riesgos asociados a la vejez, la invalidez laboral y la muerte, así que se constituyen en elementos esenciales de los modelos de bienestar de los países. A pesar de la importancia que revisten, los gobiernos no ahorran lo suficiente para cubrir estas prestaciones y emplean sus ingresos corrientes para conceder los beneficios.
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Autor: Svilen Milev
Este problema de sostenibilidad, que ha sido común en los países en desarrollo, también afecta a economías como las del continente europeo. Incluso en esta región, durante los últimos años, la situación se ha venido agravando por la reducción en las tasas de natalidad y las mejores condiciones económicas y sociales que elevan la expectativa de vida de la población, creando un desbalance en la estructura del sistema por la variación en datos claves empleados en su diseño.
De hecho, en enero de 2013 entró en vigencia en España una ley que eleva paulatinamente la edad de jubilación y el mínimo de años de cotización para poder acceder a la pensión. Estas reformas revelan la necesidad de considerar nuevos factores dentro de la estructura pensional para garantizar la sostenibilidad de los sistemas. A pesar de esto, varios países europeos figuran entre los que cuentan con mejores sistemas de pensiones en el mundo.
Fuente: Melbourne Mercer Global Pension Index
Según información del diario español Expansión, la población de jubilados de Europa es la más grande del mundo, pues hay 42 personas mayores de 65 años por cada 100 trabajadores activos y se estima que en 2060 esta proporción puede llegar a los 65 por 100. En América Latina, según datos de La Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), la proporción de jubilados por cada 100 trabajadores activos es de 11 personas, cifra que podría llegar a 24 en 2050.
La situación también se agrava por las cargas de deuda que países como Grecia han tenido que asumir luego de la crisis financiera de 2008, lo cual reconfigura el mapa de las prioridades de las administraciones públicas y hace necesario empezar a evaluar la sostenibilidad y a recortar los beneficios. También se ha analizado que la reciente llegada de inmigrantes al continente podría reducir la presión demográfica sobre los sistemas pensionales, pues en la medida en que esta población se inserte a los mercados laborales se elevan los ingresos fiscales y se reduce la relación cotizantes/beneficiarios, aunque la problemática tiene otros costos para las finanzas públicas, por vía de requerimientos de vivienda, servicios de salud y educación.
Otro elemento clave frente a este tema son las exenciones y privilegios adicionales que se encuentran contemplados dentro de las prestaciones. En algunos países los empleados públicos no aportan al sistema pensional y en otros se ofrecen incentivos como la jubilación temprana o incentivos adicionales para quienes desempeñan trabajos más desgastantes o riesgosos.
En Europa, como alternativa para la sostenibilidad, se han empezado a ajustar los sistemas pensionales a la esperanza de vida. Dinamarca, por ejemplo, vincula la edad de jubilación de acuerdo a la evolución de las expectativas de vida a los 60 años. Italia, Francia, Finlandia, Alemania y otros también contemplan el tiempo estimado de vida de las personas o generaciones para definir condiciones de pensión.
Si se analiza el caso colombiano, además del problema de sostenibilidad asociado a los cambios demográficos, se presenta un problema de baja cobertura que se debe a los elevados niveles de informalidad del mercado laboral. Actualmente en el país hay unos 22 millones de trabajadores, de los cuales solo cotizan o ahorran para pensiones entre 7 y 8 millones, de estos se estima que solo 2 millones alcanzaran a pensionarse, lo que significa que aproximadamente el 90% de la población estará descubierta en la vejez.
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