Los efectos asociados al calentamiento global han hecho que la mayoría de países del hemisferio entren en una etapa de cuidado del medio ambiente, el cual es vital para el sano desarrollo de las sociedades de hoy y desde luego, del futuro. Colombia no ha sido la excepción, y de forma lenta ha implementado estrategias en aras de aportar a la causa. Sin embargo, las políticas encaminadas a dicho objetivo y presionadas por los países desarrollados parecen tener contradicciones. ¿Será que la situación se está analizando de forma incorrecta?
Fuente: Pixabay
El principal problema que registra el Ideam y que explicaría la deforestación que afecta al país es la minería ilegal, con alta influencia en la región del Pacífico colombiano y el departamento de Antioquia. Lo sigue la expansión de la frontera agrícola, principalmente a nuevas áreas de pastos para ganadería basada en la producción extensiva. Al respecto, de los 6,6 millones de hectáreas aptas en el país para la agricultura, sólo el 23% de la disponible para la línea agrícola se utiliza, mientras que para ganadería se utiliza casi el doble de hectáreas aptas. Putumayo, Caquetá, Guaviare y Norte de Santander se rajan en este punto.
El tercer factor de impacto en la deforestación es la tala ilegal, con fuerte influencia en los departamentos de Nariño, Caquetá, Guaviare, Norte de Santander, Antioquia y Cauca. Finalmente, llegan los incendios forestales, que tuvieron una alta incidencia en los departamentos de la región de la Orinoquía (Vichada, Casanare), de los Andes (Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Nariño, Tolima, Cundinamarca y Norte de Santander) y en la Pacífica (Chocó).
En conjunto, durante el 2015 Colombia presentó una deforestación de 124.035 hectáreas, un 12% menos que en 2014, según el Índice de Deforestación que construyen el Ideam y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, siendo los más afectados los departamentos del suroriente colombiano y el departamento de Antioquia. Este último, junto con Caquetá, concentran el 32% del total de bosques deforestados (Figuras 1 y 2).
Fuente: Datos del Ideam y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Elaboración de Sectorial.co
Conocido el problema, vienen las soluciones, o eso se cree. Entre dichas soluciones está el reforzamiento de las corporaciones regionales, que como la ANLA, tienen por deber permitir la explotación de recursos y entregar concesiones de forma que se preserven los ecosistemas y el medio ambiente. Posteriormente, deben hacer el papel de veedores y verificadores. La función de estas entidades está lejos de cumplirse, como se evidencia con el Río Sambingo, en el Cauca, que fue hallado seco por la minería ilegal que se ejecutaba a mando de funcionarios y exfuncionarios públicos del municipio de Iscuandé, Nariño, amparados por guerrilleros del ELN.
Otra solución, es el proceso de delimitación de los páramos y otras áreas especiales en el país. Situación que es motivo de disputas permanentes entre las multinacionales mineras que tienen títulos por todas partes y algunos organismos nacionales. Lo cierto del asunto es que a diciembre de 2016 solo el 4% del territorio nacional tiene legalidad sobre títulos mineros: ¿y el resto? Lo anterior indica que delimitar las regiones sirve de poco si se tiene presente que la mayor parte de la minería es ilegal, e incluso hasta las concesiones legales son un problema; basta ver el páramo de Santurbán, en Santander, donde hace más de un año se ‘blindaron’ casi 100.000 hectáreas y hoy 28 títulos mineros lo rondan.
El desarrollo en infraestructura es el siguiente paso en las contradicciones de la protección ambiental. Sobre el tema la disyuntiva en amplia: o se conservan los bosques o se talan para que den espacio a las carreteras. El agravante es que detrás de las vías se gestan procesos de colonización y control de tierras donde se mezclan campesinos y grupos al margen de la ley. En fase activa se encuentra la vía entre Calamar y Miraflores en el Guaviare que controla el grupo disidente de las FARC, el bloque 1°. El asunto es de talla internacional, porque toca la reserva de la Amazonía. Cuestiona una vez más la capacidad del gobierno de proteger los bosques y en especial esta sección del pulmón del mundo. En el limbo queda la pregunta ¿Qué hará el gobierno? El cual recibirá en los próximos años hasta 200 millones de dólares de Noruega, Inglaterra y Alemania para ayudar al país a detener la deforestación en la Amazonia, que en el presente siglo ha perdido 347 hectáreas de bosque por año.
El punto final y donde seguramente la contradicción es mayor, o por lo menos más evidente, lo marca la desmovilización de las FARC, la cual, según el gobierno nacional, ayudara a reducir la deforestación hasta alcanzar tasas razonables. La idea, con seguridad, es errónea. Las áreas que hoy tienen cultivos ilícitos serán ocupadas con otros cultivos, o seguirán igual, pero controladas por otros grupos. Leyes como Colombia Siembra y en especial la Ley Zidres, facilitan la continuidad del problema e impulsan la colonización de nuevas áreas, acción que fue obstaculizada por el grupo insurgente.
De esta forma son varias las fallas que están en la planificación del gobierno en relación a la conservación de los bosques. De un lado la institucionalidad es débil y en los lugares de mayor importancia es nula. Por otro, hablar de control en la expansión de la frontera agrícola nacional es una falacia, quizá se logré en las regiones centrales y no en las “fronteras”, que es donde se requiere. Ocupar y concientizar a los pobladores de las regiones desocupadas por las FARC es una buena opción, pero esos espacios ya los están ocupando otros grupos ilegales, los disidentes y el campesino que buscará ampliar su terreno.
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