En menos de 200 años después de la independencia de la Grancolombia, se ha perdido casi la mitad del territorio con el que se contaba con Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Panamá y ahora con Nicaragua.
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El 19 de noviembre de 2012 la Corte Internacional de Justicia – CIJ decidió que los siete cayos del archipiélago de San Andrés pertenecen a Colombia, pero también resolvió quitarle más de 75.000 kilómetros de mar territorial a la Nación para entregárselos a Nicaragua, dentro de esta área marítima se encuentra una porción de uno de los mayores tesoros de biodiversidad: la reserva internacional de la biosfera y área marina protegida Seaflower, calificada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – Unesco como zona de importancia global desde el año 2000. Además esta área se constituía en la principal fuente de alimento de los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ya que de esta los pescadores artesanales extraían langosta espinosa, caracol pala, entre otras muchas especies que hacen parte de su dieta cotidiana.
Tras el fallo de La Haya se produjo el cierre definitivo de Antillana, la empresa más grande exportadora de langosta y caracol que hacía transacciones anuales superiores a los 12 millones de dólares, ya que vio disminuida su producción, pues donde realizaban la mayor parte de la actividad pesquera ahora es territorio de Nicaragua. La compañía funcionó hasta el 19 de mayo pasado y debido al cierre de esta perdieron empleo alrededor de 300 personas. Con esta decisión desaparece el 95% del comercio de langostas en la isla con lo que se afecta uno de los sectores más importantes del comercio de la isla.
Por otro lado, después del fallo, el gobierno de Daniel Ortega ha asignado diferentes bloques para la exploración en la búsqueda de petróleo y de gas en los territorios ya definidos por la CIJ.
Tras un año del fallo de la CIJ, Nicaragua vuelve a demandar a Colombia considerando que incumple sus obligaciones internacionales de no usar o amenazar con utilizar la fuerza y de violar las zonas marítimas nicaragüenses delimitadas en el fallo de la Corte. Según el experto nicaragüense en derecho internacional Mauricio Herdocia “hace un año Colombia denunció el Pacto de Bogotá, que reconoce la jurisdicción del máximo tribunal de las Naciones Unidas y que en su artículo 31 establece el plazo de 365 días para que entre en vigor la renuncia”. ¿Entonces qué es lo que sucede? esta es la última puerta de jurisdicción que estaba abierta, más allá de este tiempo, ya Nicaragua no puede llevar a Colombia ante la CIJ
Es importante destacar que como consecuencia del fallo el gobierno anunció la puesta en marcha del Plan San Andrés, en el que se invertirán recursos por más de 200.000 millones de pesos para proyectos a corto y largo plazo:
Se acordó un subsidio de 1.800 millones de pesos por seis meses para los pescadores artesanales.
Subsidios a las tarifas de energía y el diseño de una campaña para la reconversión de electrodomésticos que permitan ser más eficientes en el uso de la energía.
Se propuso la reducción del 50% en las tarifas de los vuelos entre San Andrés y Providencia y la posibilidad de más frecuencias en los viajes de San Andrés a Providencia.
Se acordó destinar 30.000 millones de pesos para becas y subsidios a 700 bachilleres y 15.000 millones de pesos para programas de bilingüismo.
Además, en el desarrollo de la segunda parte del plan San Andrés, el gobierno acordó un nuevo paquete de 70 millones de dólares para programas de desarrollo urbano integral, agua y saneamiento, mejora de la infraestructura costera, desarrollo económico local y sostenibilidad fiscal.
Un año después de la decisión de la Corte de la Haya se ha perdido gran cantidad del territorio marítimo, pero esto ha tenido una implicación positiva para San Andrés ya que el gobierno los ha tenido más en cuenta y se ha aumentado considerablemente la inversión.
