La inseguridad jurídica acerca de los derechos sobre las tierras, no sólo ha motivado la salida de proyectos empresariales del área de la Altillanura, sino que tiene congeladas todas las inversiones en el oriente del país.
Foto: commons.wikimedia.org (Autor: Magnus Manske)
El problema empezó tras un fallo de la Corte Constitucional en agosto del 2012 que declaró inexequibles dos artículos del Plan de Desarrollo de la administración Santos, que permitían la unión de varias Unidades Agrícolas Familiares (UAF) para grandes montajes agroindustriales y aunque luego se habló de un proyecto de Ley que subsanaba el problema, este sigue congelado.
Según el presidente de Asorinoquia, Hugo Estrada, debido a la indefinición jurídica, hace meses que no se registra ninguna transacción de terrenos en las notarías de Meta y Vichada, el valor de la tierra ha bajado y están paradas iniciativas empresariales que podrían sumar de 350 a 400 millones de dólares, relacionadas con el cultivo de caucho, maderables, palma y diversos cultivos. “De hecho, lo único que se está moviendo en el Llano es el petróleo”. A comienzos de este año se liquidaron dos empresas del grupo Santo Domingo: la productora de cereales Sugranel y Naviagro, que se iba a dedicar al transporte fluvial por el río Meta.
A todo esto se suma que desde el 2013, también han bajado las hectáreas sembradas de arroz en Casanare y Meta, de 140.000 a 100.000 hectáreas. “En tres meses, cuando llegue la época de cosecha, se verán más consecuencias”, según la directora de la Asorinoquia, Clara Leticia Serrano, quien indicó que ya se han perdido cientos de puestos de trabajo en la región.“Ya nadie está interesado en invertir y si dejamos esta zona así, va a volver a ser nido del narcotráfico”.
Según otros dirigentes de la región, con esta situación queda además en entredicho el éxito del Conpes de la Altillanura que aprobó el Gobierno para convertir esa zona en la gran despensa del país, con inversiones por $9,6 billones en infraestructura. La capacidad agrícola de Altillanura es de 2,8 millones de hectáreas, más de la mitad del total sembradas actualmente en el país de 4,7 millones de hectáreas, lo que le brinda oportunidades a Colombia de poder ampliar su frontera para exportar estos productos.
El nuevo modelo de administración de tierras que plantea el Conpes de la Altillanura, busca impulsar la asociatividad, por lo que pretenden establecer políticas específicas para que pequeños productores de la región se puedan unir con inversionistas.
Según Ángela María Penagos, directora de Desarrollo Rural del Departamento Nacional de Planeación (DNP), esa es una subregión que se tiene que entender desde la perspectiva de grandes extensiones. “No debemos pensar en Altillanura como una región caracterizada por el microfundio, las tierras de allá no permiten tener ingresos suficientes y sostenibles en pequeñas extensiones”.
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