En septiembre del 2018 el Congreso de la República discutió el proyecto de Ley que incentiva el pronto pago de las facturas a las mipymes. Este debate se dio gracias a que, en Chile, el presidente Sebastián Piñera hizo oficial la Ley Pago 30 días que establece ese periodo como plazo para pagar a las pymes proveedoras de grandes empresas o el Estado. Dada la iniciativa, Colombia decidió adaptar esta política, pero de forma paulatina. En este sentido, el pago deberá ser a 60 días, dado que es el estándar internacional, y a 30 días para las pequeñas empresas.
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Esta ley beneficiaría a las pequeñas y medianas empresas pues actualmente, en contratos con grandes compañías, los plazos de pago se alargan, lo que afecta su competitividad. Por otro lado, las grandes empresas mejorarán sus prácticas comerciales, lo que trae beneficios en términos de reputación.
Es claro que la norma mejoraría los flujos de las mipymes, además algunos actores de la economía resultarán perjudicados y otros beneficiados. Entre ellos están las empresas de factoring, quienes sacarían provecho de la situación. El factoring es una alternativa de financiamiento que permite a las compañías obtener el pago anticipado de las facturas por cobrar, adquiriendo liquidez para cumplir con sus obligaciones. En Colombia esta es una práctica que se reglamentó a través de la Ley 1231 de 2008, conocida como Ley de Factoring, en la que se unifican los criterios para que una factura se pueda considerar como título valor.
Según la Encuesta de la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas, en el segundo semestre del 2018 la fuente de recursos invertidos de las pymes se distribuyó así:
Datos: Encuesta de Desempeño Empresarial 2do. Trimestre 2018
En este periodo, el 4% de los recursos invertidos provenía de factoring, actividad que exhibe potencial de crecimiento. Además, Sergio Clavijo, presidente de ANIF, manifestó que el gobierno debería diseñar estrategias para reducir costos a los empresarios, dentro de las cuales se encontraba la promoción de programas de financiamiento alternativo, donde se destaca el factoring. Efectivamente, el gobierno propuso una estrategia para el financiamiento, pero el modelo de factoring cambiaría a confirming. Con el nuevo proyecto, estas empresas entrarían a operar mediante la originación de recursos para grandes pagadores, lo que muestra un potencial de crecimiento de su operación.
Por otro lado, el sector salud también se vería perjudicado con esta normatividad, teniendo en cuenta que es uno de los sectores más golpeados financieramente, pues no tiene altos flujos de dinero. Para entender a profundidad el nivel de endeudamiento del sector, se muestra la encuesta de cartera hospitalaria elaborada por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas.
Datos: Informe de Seguimiento de Cartera Hospitalaria
El nivel de endeudamiento demuestra que una reforma como esta afectaría el desempeño de los agentes de salud. Si bien se benefician las pymes, las EPS no tienen la liquidez suficiente para saldar sus deudas a 30 o 60 días.
Siendo esta una muy buena noticia para las pymes, que erradicará el abuso de las grandes empresas en los tiempos de pago de las facturas, hay un sector que demuestra alto potencial de crecimiento, como lo es el factoring, pues la prestación de su servicio se incrementaría pero ahora con una clientela diferente. Por otro lado, el sector salud se vería perjudicado porque no tiene la capacidad para cumplir con la normatividad, lo que genera que busque otros tipos de financiamiento que puede no esten disponibles dadas sus condiciones financieras.
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