Recientemente, se han presentado una serie de manifestaciones en algunos países latinoamericanos, llamando la atención tanto los reclamos y las peticiones de las comunidades, como la postura y las respuestas que han dado los gobiernos. En opinión de algunos analistas, la reacción de los dirigentes latinoamericanos refleja una falla en la gobernabilidad, que no se percibe como un problema coyuntural, sino como una dificultad de vieja data, la cual detonó con estos hechos particulares.
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Las revueltas que se presentaron en Ecuador y Chile surgieron claramente como respuesta a decisiones de los gobiernos. En el caso de Ecuador, los ciudadanos se revelaron ante el anuncio del presidente, Lenín Moreno, de eliminar los subsidios a los combustibles, en el marco de un “plan de austeridad” que buscaba reducir el déficit fiscal para acceder a un crédito por más de 4.200 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Esta decisión hizo que el precio del combustible se duplicara, lo que trasladó el incremento al precio del transporte público, ocasionando que, en pocas horas, los manifestantes se aglutinaran en las calles de varias ciudades ecuatorianas.
En Chile sucedió algo similar: el presidente, Sebastián Piñera, anunció la decisión de incrementar en 30 pesos el servicio del metro, lo que ocasionó las “evasiones masivas” y la destrucción de los torniquetes para ingresar a las plataformas sin pagar. Posteriormente, se efectuaron ataques al tren y a la infraestructura física de las instalaciones del metro.
Los levantamientos de estas naciones llevaron a ambos gobiernos a ceder ante la presión, lo que evidencia la falta de gobernabilidad. El profesor argentino, Antonio Camou, define la gobernabilidad como un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas sociales y la capacidad del gobierno para darle respuesta a estos requerimientos de manera legítima y eficaz, por lo que, cuando no se logra el equilibrio, los gobiernos no cuentan con las condiciones favorables para desarrollar sus acciones, llevar a cabo sus planes e implementar sus políticas.
Desde hace un par de años, algunos estudios sobre América Latina han concluido que la gobernabilidad en esta región es débil, como consecuencia de la fragilidad en algunas instituciones, la falta de continuidad en políticas públicas, la percepción de una baja calidad de vida y la sensación de que la prosperidad de los ciudadanos no es el fin de los gobiernos locales y sus políticas. Aunque la gobernabilidad depende en gran medida de las relaciones entre el poder ejecutivo y el legislativo, también influyen el liderazgo de los dirigentes de cada país, la situación económica, las características de la sociedad y la existencia de problemas específicos que afectan a los ciudadanos.
Según información del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en esta región del mundo se prefiere y valora la democracia, pero los ciudadanos no están conformes con los resultados, por lo que es probable que los problemas de gobernabilidad se traduzcan en revoluciones e insurrecciones civiles. ¿Estamos Viviendo la Primavera Venezolana?
Sin embargo, algunos académicos, como el profesor Nicolás Somma de la Universidad Católica de Chile, consultado por la BBC Mundo, encuentran diferencias entre el caso ecuatoriano y el chileno, particularmente asociadas al hecho de que la reversión de las decisiones que ocasionaron los levantamientos frenó inmediatamente las manifestaciones en Ecuador, pero no en Chile. Somma advierte que en Chile se ha acumulado un descontento, el cual se reveló con el incremento en el precio del metro, pero que demuestra un sentimiento colectivo de discriminación y abuso. Esto también explica por qué, a pesar de que el costo del servicio del metro solo afecta a los residentes de una ciudad particular, se han unidos a las manifestaciones ciudadanos de otras regiones.
Finalmente, vale la pena resaltar que estos hechos retan a los países a recuperar las riendas del estado, además de trabajar por combatir la pobreza, reducir la desigualdad y generar oportunidades para los ciudadanos de manera inclusiva. No se debe olvidar que la gobernabilidad también implica la posibilidad de que un estilo de gobierno se mantenga en el tiempo y esta posibilidad se reduce cuando las demandas de los ciudadanos no son satisfechas, ni sus problemas resueltos.
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