El pasado 16 de diciembre el Congreso de la República aprobó la Reforma Tributaria con el 86% de los votos a favor. Este articulado le dio vía libre al impuesto a la riqueza para las personas que posean patrimonios netos superiores a 1.000 millones de pesos, planteó el desmonte gradual de este mismo para las empresas, estableció una sobretasa al CREE para quienes tengan utilidades superiores a 800 millones de pesos y también estipuló que se realicen devoluciones del IVA por importaciones de bienes de capital.
Foto: www.sxc.hu Autor: minasi
Los impuestos siempre generan descontento entre los sectores productivos y las personas naturales que por su nivel de ingresos son gravadas, pero inevitablemente son necesarios para financiar la inversión social y las obras públicas que de otra manera muchas personas no podrían disfrutar. ¿Quién instalaría el alumbrado público en los barrios?, ¿quién construiría carreteras para poder trasladarse (obras que además generan empleo)?, ¿en qué escuelas estudiarían los niños de las familias que no pueden pagar por una educación privada? y ¿quién cuidaría de los enfermos que no tienen dinero para pagar los servicios de salud?
Pese a ello, el impuesto que aparece como la alternativa a un problema de equidad económica, trae asociados problemas de eficiencia, pues dependiendo de a quiénes grava y en que montos lo hace, genera desincentivos a cierto tipo de actividades económicas e incluso puede desmotivar las iniciativas empresariales. En la economía colombiana se ha considerado que los tributos que deben pagar las empresas por sus actividades y los impuestos asociados a la situación laboral de las personas, han sido los responsables de que estemos en un país donde más del 50% de la fuerza de laboral trabaja en la informalidad.
La informalidad es una situación multifacética que puede ser abordada desde una perspectiva empresarial o laboral y que puede ser considerada como una característica estructural de las economías o un suceso coyuntural, dependiendo del enfoque del análisis. Cuando se analiza desde las unidades productivas, se consideran informales las personas que operan en empresas pequeñas (5 o menos empleados), que no poseen un registro mercantil, no registran o subregistran los ingresos que perciben por sus actividades y que evaden el pago de tributos.
Fuente: Elaboración Sectorial con datos del Dane
Desde la visión laboral, son informales las personas que no cuentan con condiciones óptimas de trabajo, que no están afiliadas a programas de seguridad social por parte de su empleadores, no reciben remuneraciones acordes al tipo de actividad que realizan y al tiempo que emplean en ellas, y además, como operan en actividades que escapan al dominio estatal, no tienen acceso a los mercados de crédito, ni a los servicios que ofrecen las entidades públicas para apoyar los procesos empresariales y mediar ante conflictos que puedan generarse con las empresas y los empleados informales.
Sin importar desde el enfoque que se analice, la informalidad frena el crecimiento económico, afecta negativamente las posibilidades de ascenso laboral de las personas, impide que muchas personas disfruten de servicios públicos y accedan a mejores condiciones de vida, no permite el pleno acceso de todas las empresas a los mercados financieros, reduce los ingresos que el gobierno percibe y obliga a que sea necesario gravar aún más a las personas que sí contribuyen a la financiación del Estado con el pago de sus impuestos.
La ley de reforma tributaria 1607 de 2012 eliminó las contribuciones que realizaban los empleadores para la salud de sus trabajadores y algunos parafiscales y reemplazó estos recursos con el CREE. Este cambio en el impuesto hace que a pesar de que las empresas siguen tributando, el impuesto no se asocia a la contratación de personal, lo que pudo haber tenido ciertos efectos en la disminución de la informalidad.
Ahora con la nueva reforma (Ley 1739 de 2014), también se reducen ciertos impuestos a las empresas y se les conceden ciertos incentivos para continuar con sus actividades empresariales, pero el dinero que requiere el país para sus inversiones públicas tiene que salir de un lado. El tema tributario se asemeja a una “cobija pequeña” que no alcanza a cubrir a todos. El dilema que enfrentan el Ministerio de Hacienda y los legisladores de este país es a quién cobijar.
