Cuando estamos a tres días de terminar el primer año de mandato del Presidente Santos, es prudente revisar los principales hechos acontecidos en este periodo. Al hacer esto, se observa que ha sido un tiempo marcado por el distanciamiento de su predecesor, el expresidente Uribe, por la ola invernal que azotó al país hasta el primer semestre de este año y por el continuo destape de escándalos en dependencias estatales.
Definitivamente uno de los temas más sonados en el último año ha sido el de la corrupción: nómina paralela de la Contraloria; continuación de las investigaciones, primeros capturados y el ex Ministro Arias inhabilitado por cuenta de Agro Ingreso Seguro; corrupción en la adjudicación de títulos mineros por parte de Ingeominas; feria de bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes – DNE; malos manejos de regalías en varios municipios; y otros casos han sido el tema diario durante el último año. Entonces, los hechos de corrupción han sido muchos pero se destacan el carrusel de la contratación y los escándalos de la salud y la Dian.
Ante esto, el Gobierno emprendió la tarea de crear un nuevo Estatuto Anticorrupción, el cual fue sancionado la semana pasada y contempla que quien sea encontrado culpable de prácticas corruptas quedaría inhabilitado para contratar con el Estado durante 20 años; se crea un sistema de información para reportar eventos sospechosos de corrupción en la salud; se establecen tipos penales como la estafa, la especulación y el agiotaje (especulación con fondos públicos) de medicamentos; la omisión de control en la salud y el peculado por aplicación diferente de recursos; los empleados públicos y quienes quieran pasar al sector privado tendrían inhabilidades por dos años para trabajar en temas que hayan tratado cuando ejercían como funcionarios, lo que el Ministro del Interior Germán Vargas Lleras ha llamado “la puerta giratoria”.
Foto: Archivo Sectorial.co
Carrusel de la Contratación
Esta ha sido, tal vez, el mayor escándalo de corrupción en la historia del país por el monto de la estafa y el efecto que han tenido que vivir en carne propia los colombianos, en especial, en la ciudad de Bogotá con el caos vial que ha desatado el caso Nule. Aunque los hermanos Nule, el excontralor de Bogotá, el exsenador y hermano del Alcalde, Iván Moreno, la exdirectora del IDU, y otros se encuentran detenidos, aun no es claro el futuro de estos casos en cuanto a penas o posible recuperación de los dineros entregados al Grupo Nule.
Lo que empezó con el incumplimiento de las obras de la Calle 26 de Bogotá, poco a poco se expandió por todo el país a medida que se conocían los retrasos de otras obras adjudicadas a las empresas de este Grupo, entre ellas, la Fase 3 de Transmilenio y la doble calzada Bogotá-Girardot. Todo el escándalo explotó cuando Caracol reveló unas grabaciones en las que se involucraba al excontralor Moralesrussi en la negociación de comisiones con contratistas.
Posteriormente se conoció que en una oficina paralela del IDU arreglaban los contratos de la malla vial bogotana, haciendo los ajustes correspondientes para amañar las licitaciones y favorecer a determinados contratistas. Un dato bastante diciente es el hecho que el 70% de las obras en Bogotá se encuentren adjudicadas a cinco grupos, aunque es necesario advertir del músculo financiero necesario para ciertas obras civiles, el cual pocas empresas en Colombia lo tienen. Lo preocupante es que algunos grupos investigados por estos casos de corrupción no hubieran sido excluidos de otros procesos licitatorios y siguieran siendo contratistas del Distrito.
Actualmente, los procesos contra los implicados avanzan. La semana anterior la exdirectora del IDU, Liliana Pardo y el excontralor, Miguel Angel Moralesrussi no aceptaron los cargos en su contra, mientras el testigo estrella del caso, el ex subdirector técnico y jurídico del IDU, Inocencio Melendez, llegó a un preacuerdo con la Fiscalia gracias al cual recibiría el principio de oportunidad en el delito de concusión (pedir plata), uno de los más graves que tiene en su contra.
Otros departamentos no han sido ajenos al tema. En Antioquia se ha empezado a hablar de un carrusel de la contratación en el cual pocas firmas acaparan la mayoría de las licitaciones a cambio de una comisión del 15%, pero éste ha sido fuertemente desmentido por la Gobernación. Aun así, al Gobernador Luis Alfredo Ramos, recientemente la Contraloría General de la Nación abrió investigación formal por presuntos sobrecostos en cinco contratos relacionados con emergencias viales. También, ha suscitado bastante polémica la estrecha relación del Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, con los Nule, de los cuales es socio en unas obras que aparecen como recibidas a satisfacción pero que aún están incompletas y recibieron tres adiciones de tiempo y dinero.
Cartel de la Salud
Por el mal manejo que le dieron al dinero que el Estado les dio para que administraran el sistema de salud, hay varias EPS investigadas. Una de ellas, Saludcoop, que fue intervenida. Dentro de todas las investigaciones que adelanta la Fiscalía, se destacan los delitos de peculado por apropiación de recursos de la salud, así como la celebración indebida de contratos y el enriquecimiento ilícito.
Foto: Archivo Sectorial.co
Entre los casos más llamativos se encuentran la no atención de los fallos de tutelas, así como las malas entregas de medicamentos, los cuales pese a que en muchas oportunidades son genéricos se cobran como originales, y la aparición de varias personas fallecidas en años anteriores reclamando medicamentos vía tutela. Así pues, había todo un carrusel de reclamaciones montado por funcionarios del Ministerio de Protección Social y el Fondo de Solidaridad y Garantía – Fosyga para hacer cobros ilegales al sistema. Básicamente, el cartel negaba el derecho de los pacientes a medicamentos del Plan Obligatorio de Salud – POS, desviando el servicio y obligando al reembolso por el no-POS, del cual es responsable el Gobierno.
Pero sin duda, la bandera de este escándalo de la salud ha sido la mayor EPS del país, Saludcoop, que cuenta con más de 300 mil empleados y 4 millones de usuarios, y fue intervenida hace más de dos meses por malos manejos y ahora se dice que necesita 344.000 millones para salir de la crisis. Hay que recordar que se sindica a Saludcoop de efectuar recobros al Fosyga mayores a los debidos, utilizar dineros destinados para la atención de pacientes con otros fines, al parecer en su propio beneficio, y vender clínicas y laboratorios a empleados de la EPS, e incluso al hermano del expresidente del Grupo, Carlos Gustavo Palacino, para cumplir con la Ley que limita la contratación de servicios con empresas de la misma organización.
Todo este escándalo y el mal manejo administrativo ha dejado al sector de la salud en una situación crítica. Ya eran famosos los “paseos de la muerte”, en los que los pacientes morían por la no prestación del servicio debido a problemas burocráticos o simplemente por no tener el carné, y los casos en los que se negaba a los pacientes medicamentos que se encuentran en el POS, por lo cual tenían que recurrir a la tutela, entorpeciendo toda la correcta la prestación del servicio. Ahora se habla que sólo sobrevivirían 20 o 25 empresas por la crisis del sector.
Por ejemplo, la Federación Médica Colombiana – FMC ha mostrado que más de 30 EPS le cobraron al Fosyga medicamentos antihemofílicos que estaban incluidos en el POS y que, por tanto, las EPS debían cubrir. Sólo en estos casos la cuenta llega a 30.000 millones de pesos. Además de esto, están los sobreprecios de algunos medicamentos, los cuales superan los 143.000 millones de pesos entre 2008 y 2010.
Aunque el Gobierno actualizó el POS e impulsó la ley que racionaliza el uso de la tutela, los límites puestos a los recobros de algunos medicamentos siguen por encima de los precios internacionales y aun no ha desmontado la desregulación de precios que dejó el Gobierno anterior, aceptada por el exministro Diego Palacios como un error garrafal.
Foto: Archivo Sectorial.co
Billonario Desfalco a la Dian
La investigación empezó hace 6 meses y según el Presidente Santos, el desfalco empezó en el 2004 y asciende a un billón de pesos. Las sospechas comenzaron cuando el monto de las devoluciones por IVA que hacía la Dian se empezó a triplicar en poco tiempo. Posteriormente se descubrió que funcionarios con un sueldo de 2 millones, tenían un patrimonio líquido de 10.000 millones de pesos.
El sistema utilizado para hacer este robo consistía principalmente en la creación de empresas ficticias y uso de otras que permanecían inactivas con el fin de realizar los recobros de IVA a la Dian mediante facturas falsas. En otros casos, se exportaba algún bien y este cargamento era ingresado nuevamente al país de forma ilegal para volverlo a exportar y así aumentar la cuenta del recobro. El mecanismo de devolución del IVA se aplica a las empresas cuando cruzan este impuesto con las compras que realizaron de insumos, materiales y servicios con las declaraciones bimensuales que se hacen a la Dian y en algunos casos cuando se relacionan con la declaración de renta.
Ya van más de una docena de capturados, documentos, dinero y computadores incautados por cuenta de la olla podrida destapada en la Dian hace 2 semanas. Los delitos por los que tendrán que responder las personas capturadas son concierto para delinquir, falsedad en documentos privados y público, cohecho, peculado, exportaciones falsas, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Se especula con que la Dian podría reclamar los bienes a los que se le va a hacer extinción de dominio. Además de la Dian, hay sospechas de unas empresas colombianas y otras comercializadoras que pretendían también recibir pagos por parte del Cadivi de Venezuela.
Además de la creación de empresas de papel, otras modalidades eran el uso ilegal de firmas digitales, con la cual la red pagaba a recién graduados para que registraran su firma y luego la utilizaban en decenas de transacciones; soborno a contribuyentes, donde contactaban a contribuyentes legales y les decían que sus recobros habían sido inadmitidos y cobraban una comisión del 10% para ayudarles con el trámite; y el robo de datos tributarios de empresas inactivas para usarlas en las transacciones.
Los directores que ocuparon ese cargo desde 2004 fueron Mario Aranguren, actualmente investigado por el caso de las chuzadas, quien ocupó el cargo hasta 2006; posteriormente, estuvo en el cargo Óscar Franco hasta enero de 2009 y desde esa fecha hasta el 7 de agosto del 2010, estuvo Néstor Díaz, cuando fue relevado del cargo por el Presidente, quien nombro al actual Director, Juan Ricardo Ortega.
