El sector educativo de Colombia se encuentra en un momento crucial de discusión y negociación, mientras el Gobierno busca impulsar reformas para fortalecer el sistema educativo del país.
Actualmente, dos proyectos clave están en el centro de atención. El primero, ya aprobado en segundo debate de la Cámara de Representantes, busca establecer la educación como un derecho fundamental. Por otro lado, la propuesta de reforma a la ley 30 de 1992 ha generado preocupación en el ámbito de la educación superior de acuerdo con el diario Portafolio, especialmente entre las universidades privadas, aunque aún no ha iniciado debate.
En medio de este escenario, diversos actores del sector expresan su preocupación por la falta de claridad sobre los impactos reales de estas reformas. Según Óscar Domínguez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), es necesario ajustar la ley 30 actual para superar el desfinanciamiento estructural en la educación superior pública y garantizar la prestación del servicio en las instituciones privadas.
En cuanto a cifras, Domínguez destaca que de los $55 billones destinados a educación en 2024, cerca de $5,5 billones se asignan a educación superior, de los cuales aproximadamente $4,5 billones van al sistema público. Sin embargo, la preocupación persiste entre las instituciones privadas, que alertan sobre una posible disminución de la calidad educativa debido a la falta de financiamiento.
Además, la apertura de 500.000 nuevos cupos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) genera inquietudes sobre la distribución equitativa de recursos entre la educación pública y privada. Emilia Restrepo, rectora del Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa), aboga por un esquema de colaboración que fortalezca ambos sectores y garantice una educación de alta calidad para todos los estudiantes.
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