Los arroceros del Casanare habían estado protestando mediante bloqueos en la vía en el sector de Aguazul, exigiendo al Gobierno Nacional medidas para reducir la sobreoferta de arroz paddy y evitar caídas de precio que afectaran los ingresos de los agricultores.
Durante la reunión entre representantes de los productores arroceros del Casanare y la Gobernación del Departamento, se acordó:
- El Ministerio de Agricultura expedirá una resolución que establece un programa de apoyo para el manejo de excedentes de cosecha de arroz en el segundo semestre del año.
- La cartera sostendrá una reunión con la industria arrocera, productores arroceros del Casanare y Finagro para buscar alternativas de financiamiento que permitan obtener un mejor precio de compra de la cosecha.
- Los campesinos del Casanare trasladarán su protesta al costado de la vía para permitir la movilidad completa en ambos sentidos.
El incentivo propuesto por los arroceros de todo el país para garantizar buenos precios al productor consiste en sacar del mercado la sobreoferta de arroz paddy seco mediante un plan de almacenamiento que beneficiaría a más de 1.600 campesinos sólo en Huila, el cuarto departamento con mayor producción de arroz en el país. La Federación Nacional de Arroceros ha destacado la importancia de estabilizar los precios para evitar una quiebra inminente, ya que en la actualidad solo cubren los costos de producción.
Para afrontar el excedente de producción y mejorar los precios, se pretende retirar del mercado y almacenar alrededor de 275.000 toneladas de arroz paddy seco, lo que garantizaría la demanda del alimento en el país durante el primer semestre de 2024. Esta estrategia ha sido utilizada durante tres décadas y requeriría una inversión de 61.000 millones de pesos, con el incentivo operando entre agosto y diciembre, según analistas del diario La Nación.
Sin embargo, persiste la discrepancia, ya que el Ministerio de Agricultura se mantiene firme en ofrecer sólo 20.000 millones de pesos y sigue pidiendo a los arroceros que obtengan créditos para construir sus propias infraestructuras de secado, almacenamiento, transformación y agro-industrialización del grano, algo que el gremio considera inviable en un plazo tan corto como dos o tres años y que requeriría al menos una década. Mientras tanto, el Gobierno ha expresado su intención de eliminar definitivamente el incentivo al almacenamiento mediante la implementación del Plan de Ordenamiento Productivo.
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