El Cerrejón en la Mira de la Corte Constitucional

Lo que durante años parecía imposible, en la actualidad toma forma de la mano de la Corte Constitucional, y es la atención que ha recibido la comunidad de los Wayúu y demás poblaciones aledañas a la principal mina de explotación de carbón en el país y una de las mayores a cielo abierto en el mundo, El Cerrejón. Los pueblos de la zona llevaban años denunciando las afectaciones que padecen, como problemas de salud y la sequía, según ellos, causadas por el macroproyecto minero que allí se ejecuta.
Después de varios estudios y análisis del entorno, la corte emitió la sentencia T-704/16 en diciembre de 2016 y hecha pública el 1 de marzo de 2017, en la cual deja ver que es evidente el daño que, específicamente la ampliación de Puerto Bolívar, está causando al medio ambiente y el deterioro que le causa a las condiciones de vida de la población cercana y principalmente a las comunidades de la Media Luna, quienes han visto recortado su espacio de desarrollo a pesar de tener un amparo especial: el de consulta previa.
En contraposición, la Corte exige a El Cerrejón, 100% propiedad de las multinacionales BHP Billinton, Anglo American y Xtrata desde el 2001, mitigar los daños ocasionados a la región. Mientras tanto, al Gobierno Nacional le correspondería realizar la consulta previa obviada en la ampliación de Puerto Bolívar y de paso evaluar si el plan de manejo ambiental requiere modificación, suspensión o hasta la revocatoria de la licencia.
Como era de esperarse el presidente de El Cerrejón, Roberto Junguito, salió al pasó tratando de reducir el tema y trayendo a colación el aporte de la industria carbonera a la zona, aseverando que durante el 2016 la compañía generó 279 empleos, 75% de ellos para los guajiros, incluidos miembros de las comunidades indígenas. En la misma presentación hizo alusión al nivel de exportaciones de 2016 que alcanzó los 32,4 millones de tonelada, inferior al volumen de 2015 cuando del país salieron 33,4 millones de toneladas del mineral. Por ahora, queda pendiente el cumplimiento de la sentencia y el acuerdo al que logren llegar las directivas de la mina, los representantes del gobierno y los líderes de las comunidades afectadas.
Lo que durante años parecía imposible, en la actualidad toma forma de la mano de la Corte Constitucional, y es la atención que ha recibido la comunidad de los Wayúu y demás poblaciones aledañas a la principal mina de explotación de carbón en el país y una de las mayores a cielo abierto en el mundo, El Cerrejón. Los pueblos de la zona llevaban años denunciando las afectaciones que padecen, como problemas de salud y la sequía, según ellos, causadas por el macroproyecto minero que allí se ejecuta.
Después de varios estudios y análisis del entorno, la corte emitió la sentencia T-704/16 en diciembre de 2016 y hecha pública el 1 de marzo de 2017, en la cual deja ver que es evidente el daño que, específicamente la ampliación de Puerto Bolívar, está causando al medio ambiente y el deterioro que le causa a las condiciones de vida de la población cercana y principalmente a las comunidades de la Media Luna, quienes han visto recortado su espacio de desarrollo a pesar de tener un amparo especial: el de consulta previa.
En contraposición, la Corte exige a El Cerrejón, 100% propiedad de las multinacionales BHP Billinton, Anglo American y Xtrata desde el 2001, mitigar los daños ocasionados a la región. Mientras tanto, al Gobierno Nacional le correspondería realizar la consulta previa obviada en la ampliación de Puerto Bolívar y de paso evaluar si el plan de manejo ambiental requiere modificación, suspensión o hasta la revocatoria de la licencia.
Como era de esperarse el presidente de El Cerrejón, Roberto Junguito, salió al pasó tratando de reducir el tema y trayendo a colación el aporte de la industria carbonera a la zona, aseverando que durante el 2016 la compañía generó 279 empleos, 75% de ellos para los guajiros, incluidos miembros de las comunidades indígenas. En la misma presentación hizo alusión al nivel de exportaciones de 2016 que alcanzó los 32,4 millones de tonelada, inferior al volumen de 2015 cuando del país salieron 33,4 millones de toneladas del mineral. Por ahora, queda pendiente el cumplimiento de la sentencia y el acuerdo al que logren llegar las directivas de la mina, los representantes del gobierno y los líderes de las comunidades afectadas.