La Ley de Vivienda Segura, conocida como Ley AntiSpace, tiene como objetivo proteger a los compradores de posibles daños estructurales en sus viviendas reforzando figuras de supervisión y revisión de los diseños de la construcción con miembros independientes. Esta ley se derivó a causa del colapso del Edificio Space en Medellín y de las construcciones ilegales en Cartagena.
Las edificaciones que superen los 2.000 metros cuadrados y las que tengan menor extensión pero con la posibilidad de tramitar ampliaciones que permitan alcanzar los 2.000 metros cuadrados de área construida, deben contar con un revisor de los diseños estructurales y un supervisor técnico, ambos independientes; adicional contar con un seguro de amparo patrimonial que garantice la estabilidad de la construcción a los compradores durante los 10 años siguientes de la edificación.
Según cálculos de Fiduciaria Central, la figura del Revisor Independiente de los diseños estructurales puede costar entre 2,5% y 3,5% adicional a los costos directos de construcción, mientras que el supervisor técnico 1% de los costos directos.
