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Después de cuatro años de controversias por abuso y desviación de poder, el tribunal de arbitramento declaró nulidad absoluta del contrato entre la Concesionaria Ruta del Sol II.
Cerca de $1,2 billones que se le adeudaban a los bancos por el proyecto serían cancelados por la Nación a cargo del Presupuesto General. Sin embargo, el gobierno no logró un acuerdo con el grupo de bancos que prestaron dinero (Itaú, Bancolombia, Davivienda, Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Popular y Banco AV Villas), ya que estos terceros “no renunciaron a los intereses de los créditos que están alrededor de los $250.000 millones de pesos”. En cambio, luego del fallo del tribunal se estableció que solo se les deberá pagar la suma de $211.273 millones.
En consecuencia, los bancos manifestaron que hubo un error, pues recibirán una cifra considerablemente baja respecto a la que se estaba negociando. Pese a esto, Ángela María Orozco, ministra de Transporte, dijo que “el Gobierno mantuvo conversaciones con los bancos sobre la base de expedientes que existían, no reconozco que hubo un error porque siempre dijimos que se debía esperar a la decisión del Tribunal, y como no voy a celebrar un fallo en donde el Estado debe reconocer menos”.
