En una auditoria que la Contraloría General de la República realizó al Ministerio de Minas y Energía en los primeros meses del año, se evaluaron los recursos entregados a Electricaribe para el Programa de Normalización Eléctrica (PRONE) a través de tres contratos de 2011 y 2012. Se encontró evidencia de que los recursos destinados a la normalización de usuarios no cumplieron con los objetivos planteados.
Los hallazgos fiscales ascienden a 65.732 millones de pesos, que corresponden a incumplimientos en ejecución de recursos públicos para llevar el servicio de energía a usuarios que se habían definido como beneficiarios en los departamentos de Atlántico, La Guajira, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre.
Por otro lado, el Ministerio de Minas y Energía también incurrió en fallas en el proceso de supervisión de la ejecución de los contratos, pues no tomó las acciones necesarias para garantizar que los recursos efectivamente fueran destinados a la satisfacción de las necesidades de las poblaciones que aún no contaban con el acceso al servicio de energía en la Costa Caribe.
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