A diciembre de 2017; el número de mataderos, plantas de desposte y desprese; cerrados fue de 174, esto en vista de que incumplían la nueva norma sanitaria de agosto de 2016 instaurada por el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Dicha norma establece “la obligación de refrigerar la carne lo más pronto posible después del sacrificio, el mantenimiento ininterrumpido de la cadena de frío hasta el consumidor, la implementación de programas de control y mitigación de microorganismos causantes de enfermedades y la medición de residuos de medicamentos veterinarios y otros contaminantes químicos”.
Por su parte, se han registrado 524 establecimientos, cuando en 2018 la cifra alcanzaba los 1,627. Javier Guzmán, director del Invima, explicó que “este proceso, que ha sido liderado por los gobernadores, busca reducir el número de centros de sacrificio pequeños y apostarles a mataderos regionales, que logren economías de escala, viabilidad económica y adecuados estándares sanitarios”.
Muchas plantas han tenido clausura temporal o parcial, suspensión de actividades, decomiso y destrucción de productos, por incumplir las normas. Frente a esto, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, afirmó que “se ha presentado un incumplimiento del Gobierno de manera sistemática en esta materia, ya que no se avanzó en este periodo realmente en las condiciones mínimas necesarias para ofrecer un consumo de carne apto para los colombianos, tal como exige el decreto 1500”.
Algunos de los factores que evalúa la entidad a las plantas de sacrificio son:
Suministro de agua potable.
Sistemas para el tratamiento de aguas residuales e instalaciones.
Equipos y utensilios idóneos.
Operarios capacitados.
Sistemas de almacenamiento y refrigeración.
Programas de control y mitigación de microorganismos.
Programas de medición y control de contaminantes químicos.
