El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, presentó el informe anual sobre los conflictos socioambientales en el sector minero-energético, revelando un aumento significativo en estos eventos durante 2023. Se registró un incremento del 46% en los conflictos relacionados con hidrocarburos, minería y energía eléctrica, pasando de 89 eventos en 2022 a 130 en 2023.
Las principales demandas de los manifestantes se centraron en derechos laborales y contratación de mano de obra local (33%), conflictos ambientales (32%), regulación y formalización de actividades mineras (11%), inversión estatal (8%), y el respeto de los derechos de identidad, autonomía y participación de las comunidades (7%).
El informe destaca conflictos ambientales por la explotación de hidrocarburos en el Magdalena Medio, que han afectado fuentes hídricas y la vida de campesinos y pescadores. En el Chocó, las inconformidades giraron en torno a la explotación de oro y cobre, con mineros tradicionales reclamando su derecho a participar en estas actividades. En La Guajira, las comunidades han expresado preocupaciones sobre la gestión de pasivos ambientales de proyectos en fase de cierre y han exigido consulta previa en proyectos de energías renovables.
El informe resalta la mediación de la Defensoría del Pueblo en 80 espacios de diálogo social entre enero de 2022 y febrero de 2024, logrando acuerdos en 37 municipios de 15 departamentos y el Distrito Capital. Las recomendaciones del informe están dirigidas a prevenir la escalada de conflictos y promover una transición energética justa. Camargo Assis también hizo un llamado a las autoridades para fortalecer el monitoreo de la conflictividad social y promover el diálogo como mecanismo de gestión de conflictos, invitando a la Procuraduría General a apoyar en esta tarea.
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