En debate de la Sala Plena de la Corte Constitucional, se dejó en firme el fallo de la tutela en la que se estableció el permiso a los alcaldes y autoridades regionales para vetar proyectos mineros en sus municipios si consideran que eso puede afectar su medio ambiente.
La decisión tomada por la corporación judicial fue sustentada bajo el argumento de la no afectación del principio de autonomía territorial que poseen todas las autoridades regionales, lo que le da potestad de decidir qué proyectos pueden ejecutarse en su territorio. Ante esta situación, la Corte Constitucional indicó que antes de la puesta en marcha de un proyecto minero, se deberá escuchar a las entidades territoriales y regionales con el fin de evaluar la afectación sobre su territorio y su continuidad.
De igual forma, la entidad judicial resaltó la importancia de la investigación a realizar por parte del Gobierno Nacional sobre el impacto que ha tenido la minería en los ecosistemas colombianos.
Por otra parte, de acuerdo a la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la Asociación Colombiana de Minería (ACM), el 2017 podría ser un año histórico para la minería, siempre y cuando se acompañe y respalde al sector con seguridad jurídica y competitividad.
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