Recientemente la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció la suspensión de la licencia de conducción por 25 años a las personas que prestan el servicio de Uber, con el argumento de darle garantías a “los empresarios que cumplen sus obligaciones, pagan sus impuestos, adquieren todos los seguros y lo que las normas les exigen e impedir que compitan deslealmente con gente que ingresa a prestar el servicio público de transporte sin ninguno de esos requerimientos”.
La disputa se genera principalmente porque los taxistas desembolsan en promedio por impuestos alrededor de $1,8 millones de pesos anuales y este mismo aporte en las aplicaciones de conducción es de $500.000 anuales.
Nicolás Pardo, gerente de Uber en Colombia, respondió diciendo que están dispuestos a hablar con el gobierno para legalizar y regular el servicio. La compañía aseguró que hasta la fecha ha pagado $44.000 millones de pesos en impuestos desde julio de 2018 en Colombia. Para poder cumplir con esta reglamentación tributaria, la empresa incrementó los precios del servicio en 7% desde el primero de julio.
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