El gobierno ha decidido no renovar el Acuerdo de Complementación Económica número 72 (ACE 72) con Brasil, que permitía la importación libre de aranceles de vehículos brasileños. Esta medida, efectiva en 12 meses, busca fortalecer la industria automotriz local, pero podría aumentar los precios de los vehículos brasileños hasta un 30,0%, reduciendo su demanda.
El sector automotriz está preocupado, ya que marcas como Toyota y Renault podrían enfrentar mayores costos y una posible disminución en las ventas. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos) critican la falta de diálogo con Brasil y presentan incertidumbre sobre represalias comerciales. La medida podría agravar la situación de la industria local, que ya enfrenta una baja en ventas y cierre de plantas, y podría limitar el acceso a vehículos adecuados y asequibles.
La industria automotriz colombiana ha experimentado una contracción significativa en los últimos años, con caídas en producción y comercialización que han obligado a ensambladoras como General Motors a reducir operaciones. El mercado de vehículos importados representa aproximadamente el 60% de las ventas totales, siendo Brasil el principal proveedor con participación cercana al 35%. Esta dependencia de importaciones refleja la debilidad competitiva de fabricantes locales y su limitada capacidad para satisfacer demanda con precios competitivos.
La finalización del ACE 72 genera un dilema para empresas distribuidoras y concesionarios: mientras protege potencialmente productores locales, reduce competencia que actualmente presiona precios a la baja. Ensambladoras como Chevrolet y Ford podrían aumentar márgenes, pero enfrentarían menor volumen de ventas. Simultáneamente, consumidores de segmentos medios y bajos verían restringida su capacidad adquisitiva, consolidando una polarización del mercado hacia vehículos de lujo y económicos informales.
