Durante el Foro de Salud número 31 de la ANDI, celebrado entre el 18 y el 20 de junio en Cartagena, líderes del sector salud, representantes del gobierno, organismos de control y operadores del sistema coincidieron en una realidad ineludible: el derecho a la salud está en riesgo, no por falta de normas o instituciones, sino por una crisis estructural que amenaza su sostenibilidad, calidad y equidad.
Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud y moderador de uno de los paneles sobre la defensa del derecho a la salud, enmarcó la discusión recordando la relevancia de la sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional, que reconoció este derecho como fundamental y autónomo. A partir de allí, planteó dos preguntas claves:
- ¿Se está garantizando adecuadamente el derecho a la salud?
- ¿Cómo hacer sostenible el sistema en el mediano y largo plazo?
Las respuestas de los participantes reflejaron una preocupación transversal por el debilitamiento del sistema, no solo desde el aseguramiento, sino en cada eslabón de la cadena.
Evidencia de regresividad y alerta institucional
Germán Escobar, viceministro de Salud Pública, reconoció que algunos grupos de riesgo están viendo disminuida su garantía al derecho dentro del sistema de salud, citando como ejemplo preocupante el reciente informe sobre VIH de la Cuenta de Alto Costo. La falta de liquidez, las facturaciones por debajo del 50,0 % a ciertas instituciones prestadoras, y la necesidad de nuevas fuentes de financiación son señales de un sistema estresado financieramente. Escobar propuso priorizar el gasto, garantizar un giro estable de recursos, y articular con seguridad jurídica el retorno de EPS intervenidas al sistema. (Diagnóstico de Sectorial sobre el ORIGEN de la crisis financiera del sistema de salud)
La judicialización crece y los pacientes pierden confianza
Claudia Vaca, defensora delegada para el Derecho de la Salud, expuso cifras alarmantes: entre 2022 y 2024 las intervenciones de la Defensoría crecieron más del 60 %, con el problema de los medicamentos superando al histórico reclamo por citas con especialistas. Las tutelas por salud están aumentando, así como los desacatos judiciales.
La Defensoría en un informe que se hará público en los próximos días identificó que la geografía de la vulneración del derecho a la salud coincide con intervenciones recientes a EPS, afirmó que territorializar los diálogos y mejorar los mecanismos de financiación como la UPC y los Presupuestos Máximos se vuelve urgente.
Crisis financiera: impacto transversal y pérdida de capacidades
En otro espacio del Foro, Juan Pablo Rueda, presidente global de salud del Grupo Keralty, amplió la perspectiva al señalar que la desfinanciación no es un problema solo del aseguramiento, sino que afecta todos los niveles del sistema, con consecuencias directas en el acceso y la calidad del servicio para los pacientes. Alertó sobre como la atención primaria y preventiva ha sido relegada por la necesidad de resolver urgencias, lo cual generará mayores costos en el futuro.
Asimismo, Rueda advirtió sobre la asfixia financiera, el aumento de los costos (producto de la pandemia, y del crecimiento del PBS), y la desconfianza generalizada que impide encontrar soluciones conjuntas.
Desorganización institucional y pérdida de control
Desde una visión territorial, Alma Solano, exsecretaria de Salud de Atlántico y Barranquilla, insistió en que las reformas deben comenzar por mejorar el funcionamiento actual. Solano pidió evaluar si los esfuerzos actuales en Atención Primaria en Salud son sostenibles y están dando resultados. Propuso redireccionar recursos y reorganizar equipos para que la APS realmente impacte donde más se necesita.
Las IPS, acorraladas por la falta de pagos
Marta Ospina, presidenta ejecutiva de Méderi, también participó en el Foro con un diagnóstico: las IPS están atrapadas en una crisis dentro de otra crisis. El déficit presupuestal se traduce en falta de caja, y hasta los proveedores más sólidos han tenido que usar sus reservas operativas simplemente para subsistir.
Con cifras reveladoras, Ospina explicó que cada punto de EBITDA adicional otorga solo un mes más de vida a los proveedores, y que, por cada día de mora del pagador, se generan 30 días adicionales de retraso para el proveedor. Esta cadena de iliquidez termina afectando directamente a los pacientes y deteriorando la calidad del servicio.
Lo que surgió de este foro no fue solo un diagnóstico compartido, sino la necesidad urgente de un nuevo pacto nacional que reconozca al derecho a la salud como lo que es: un pilar de dignidad y equidad, esencial para el funcionamiento de la economía nacional y el desarrollo del país que no debe seguirse viendo como una promesa condicionada a la coyuntura financiera. (Diagnóstico de Sectorial sobre el FUTURO de la crisis financiera del sistema de salud)
La sostenibilidad del sistema no se resolverá con ajustes cosméticos ni con medidas fragmentadas. Requiere una transformación guiada por evidencia, legitimada por diálogo territorial y enfocada, por encima de todo, en el bienestar de las personas.
Un reto monumental, pero inaplazable.
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