Aunque la nueva reforma laboral busca mejorar la estabilidad de los trabajadores para facilitar el acceso a la vivienda, su impacto podría ser limitado, ya que el 58,0 % de la fuerza laboral del país es informal y no cuenta con las protecciones legales necesarias para acceder a subsidios o créditos hipotecarios.
Según un informe del portal Metro Cuadrado, que cita expertos en materia laboral, la reforma fortalece el contrato a término indefinido y establece condiciones más estrictas para los contratos a término fijo (máximo cuatro años) y por obra o labor. Estas medidas, junto con indemnizaciones más altas por despido injustificado (que pueden ser de 45 días de salario por el primer año), buscan dar a los empleados formales la seguridad económica necesaria para adquirir una vivienda.
No obstante, la ley no establece una cobertura especial para los trabajadores informales, dejándolos sin acceso a garantías de ahorro o crédito. Adicionalmente, la reforma podría generar efectos contraproducentes para las pequeñas empresas, que representan el 6,1% del total en el país, ya que los nuevos costos y exigencias podrían desincentivar la contratación formal.
Un ejemplo de esto es el cambio en los contratos de aprendizaje, donde la monetización ($2.135.250) resulta ahora más económica que la contratación de un aprendiz en su etapa práctica ($2.268.879), lo que podría reducir las oportunidades para los jóvenes. A esto se suma el desafío de la inflación y el aumento en los costos de los materiales de construcción, que también podrían limitar el impacto positivo de la reforma en el acceso a la vivienda.
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