El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, busca modificar la estructura arancelaria de las bebidas alcohólicas provenientes del exterior. La iniciativa tiene como objetivo elevar la tarifa actual, que se sitúa en el 15,0 %. Lo anterior, se implementará mediante la expedición de un decreto administrativo, desvinculando esta medida del proyecto de Ley de Financiamiento que actualmente cursa en el Congreso. El objetivo central apunta a diversificar las fuentes de recaudo fiscal en la recta final del actual periodo presidencial.
Según Portafolio, la administración planea escalar el gravamen por encima del umbral del 15,0 %. Lo anterior generaría un efecto doble en el costo del producto, dado que este arancel forma parte de la base gravable sobre la cual se calcula posteriormente el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Sin embargo, la implementación de la medida enfrenta un desafío técnico considerable. Los Tratados de Libre Comercio (TLC) exoneran de aranceles a los licores, por lo que un aumento generalizado obligaría a verificar las condiciones pactadas con cada socio comercial. Lo anterior determinaría la viabilidad jurídica de la sobretasa.
Actualmente, tanto los licores nacionales como los importados comparten cargas tributarias internas similares. Incluyen el impuesto al consumo y un IVA del 5,0 %, diferenciándose principalmente en los costos logísticos y aduaneros. De concretarse el ajuste, se prevé un encarecimiento en los precios finales de referencias internacionales de alta demanda. Lo anterior modificaría los esquemas de importación actuales. El Gobierno sostiene que la medida no busca desequilibrar la competencia, sino optimizar los ingresos del Estado.
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