El acceso a tratamientos médicos en Colombia enfrenta un deterioro crítico marcado por la interrupción en la entrega de medicamentos, una situación que está forzando a los usuarios a desviar una parte sustancial de su presupuesto familiar para adquirir insumos que el sistema debería garantizar. El análisis evidencia que la compra particular de medicinas no entregadas puede representar entre el 7,0% y el 90,0% de los ingresos mensuales de un paciente, lo que impacta severamente su capacidad para cubrir otras necesidades básicas como alimentación y vivienda, profundizando la inequidad social en el país.
Según la Defensoría del Pueblo, la crisis se refleja en un volumen masivo de acciones legales, registrando más de 1.000.000 de tutelas invocando el derecho a la salud en los últimos cinco años. Tan solo entre enero y agosto de 2025, la entidad ha interpuesto 18.451 tutelas, de las cuales el 24,0% corresponde directamente a la negación de acceso a medicamentos esenciales. Además, el seguimiento a los reportes de desabastecimiento revela que el 48,0% de los casos no se resuelven oportunamente, afectando principalmente a fármacos de alta demanda como la Metformina, el Valsartán y la Insulina.
Esta problemática estructural, agravada por distorsiones en la cadena logística que privilegian el canal comercial sobre el institucional, ha llevado a que el 36,8% de todas las tutelas en salud de este año estén relacionadas con entregas inoportunas. La situación es especialmente crítica en departamentos como Vichada, Guainía y Chocó, donde las barreras geográficas y administrativas vulneran de manera más aguda el derecho fundamental a la salud de las poblaciones rurales y étnicas.
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