El Congreso de la República aprobó en último debate la histórica reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Esta reforma establece un nuevo esquema de financiamiento para las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas. Además, promete transformar la sostenibilidad del sector. La iniciativa desvincula el presupuesto del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y adopta el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) como base de cálculo. Lo anterior permitirá cerrar la brecha estructural de recursos. Así se garantizará un flujo de caja acorde con los gastos reales de funcionamiento e inversión de las universidades.
Según Caracol Radio, la modificación legal proyecta un impacto fiscal positivo de $18,7 billones constantes entre 2027 y 2040. Los recursos serán fundamentales para subsanar un déficit acumulado que supera los $17,0 billones. El nuevo modelo no solo beneficia a las universidades tradicionales. Por primera vez incluye una base presupuestal permanente para las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias (ITTU) equivalente al 0,05% del PIB. Además, asegura equidad en la distribución de los fondos estatales. Así fortalece la cobertura en las regiones más apartadas.
La reforma, que ahora pasa a sanción presidencial, representa una victoria significativa para el movimiento estudiantil. Busca elevar progresivamente la inversión en educación superior pública hasta alcanzar el 1,0% del PIB en los próximos 15 años. Al eliminar la dependencia exclusiva de la inflación y atar los aportes al crecimiento económico real de la nación, se espera estabilizar las finanzas de 64 instituciones públicas. También se busca mejorar la calidad académica sin comprometer la gratuidad para los estudiantes de menores ingresos.
También te puede interesar: Campus Sectorial: una ruta clara para llevar la realidad empresarial al aula
