La Comisión Séptima del Senado archivó por segunda vez el proyecto de reforma a la salud del Gobierno Nacional con 8 votos a favor del archivo y 5 en contra. A pesar del intento del Ejecutivo por reestructurar el sistema y modificar el rol de las EPS, la falta de consenso político frenó la iniciativa. Sin embargo, el senador Fabián Díaz radicó una apelación de última hora firmada por cinco congresistas. EL intento busca revivir el debate en otra comisión o en sesiones extraordinarias convocadas por el presidente.
Según La República, el principal detonante del hundimiento fue la incertidumbre financiera, denunciada por senadores. Ellos cuestionaron la solidez del aval fiscal. El Ministerio de Hacienda había proyectado ingresos para el nuevo sistema por $112,0 billones. Estos ingresos se repartían en $44,0 billones de aportes de la Nación, $37,5 billones de cotizaciones y $20,0 billones del Sistema General de Participaciones. Sin embargo, informes técnicos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) advirtieron que las cuentas de cotizaciones no eran realistas. Esto se debe a una informalidad laboral superior al 50,0%.
El análisis de ANIF subrayó además que la implementación paralela de la reforma laboral podría destruir 180.000 puestos de trabajo en su primer año. Lo anterior golpearía directamente la base de cotizantes necesaria para sostener el modelo. Adicionalmente, se cuestionó la dependencia de los impuestos saludables, cuyo recaudo es volátil. Dado que el consumo de estos productos cayó del 24,2% en 2022 al 19,2% en 2023, se puso en riesgo los $2,3 billones anuales que el Gobierno esperaba obtener por este concepto.
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