El sector de la vigilancia y seguridad privada en Colombia enfrenta un panorama de alta presión financiera debido a su estructura operativa, donde el factor humano representa entre el 80,0 % y el 90,0 % de los costos totales. Dado que la industria opera con márgenes de rentabilidad estrechos, situados habitualmente entre el 2,0 % y el 3,0 %, los incrementos en la remuneración básica tienen un efecto inmediato en la sostenibilidad de las empresas. La dependencia estructural del componente humano limita la capacidad de las organizaciones para absorber choques económicos abruptos sin trasladar los costos a los usuarios finales o comprometer la estabilidad del empleo formal en el país.
Según la Federación de Empresas de Seguridad Privada (Fedeseguridad), la tarifa mínima del servicio está regulada e indexada al salario mínimo, lo que implica que cualquier ajuste en este rubro encarece directamente la contratación para colegios, hospitales, industrias y zonas residenciales. Raquel Garavito, presidenta del gremio, advirtió que la combinación del aumento salarial para 2026 con los efectos de la reforma laboral, que incluye la reducción de la jornada a 42 horas y el alza en recargos nocturnos y dominicales, generará un incremento acumulado del 31,5 % en la tarifa. Actualmente, un puesto de vigilancia equivale a 9,77 salarios mínimos, una carga prestacional que impactará con fuerza los presupuestos del sector público y privado.
Las consecuencias de este encarecimiento se manifiestan en una tendencia hacia la reducción de coberturas, donde los usuarios optan por disminuir turnos operativos de 24 a 12 horas para mitigar el impacto económico. Asimismo, el gremio alerta sobre una posible migración hacia esquemas de seguridad informal que no cumplen con los requisitos legales ni de formación técnica, lo que incrementa los riesgos para la seguridad ciudadana. Aunque la tecnología se integra progresivamente como un apoyo, el sector considera que el país aún no está preparado para una sustitución masiva del personal físico, manteniendo la presión sobre el mercado laboral en los principales nodos logísticos y centros urbanos de Colombia.
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