América Latina cerró 2024 con la tasa de pobreza más baja desde que existen registros: 25,5% de la población, equivalente a 162 millones de personas, según datos del Banco Mundial y la CEPAL. Entre 2022 y 2024, entre 20 y 25 millones de personas salieron de la pobreza, impulsadas principalmente por Brasil y México. Brasil redujo su pobreza de 25,3% a 20,6% en solo un año, sacando a 8,6 millones de personas, mientras que México explicó cerca del 60% de la reducción regional. Otros países como República Dominicana, Paraguay, Costa Rica y Colombia también mostraron avances, aunque más moderados. Sin embargo, este progreso es altamente concentrado: sin Brasil y México, la reducción regional habría sido marginal, lo que deja en evidencia profundas brechas entre países y modelos económicos dentro de la región.
El problema estructural que persiste es la desigualdad. América Latina sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo, con un coeficiente de Gini cercano a 49 puntos, muy por encima del umbral de alta desigualdad. Además, cerca del 32% de la población vive en situación de vulnerabilidad, con ingresos apenas por encima de la línea de pobreza, expuesta a caer nuevamente ante cualquier choque económico. La informalidad laboral, que afecta a ocho de cada diez trabajadores pobres, limita el acceso a protección social y perpetúa ciclos de precariedad. Mientras países como Uruguay, Chile, Brasil y México combinaron empleo formal, control de inflación, diversificación productiva y programas sociales enfocados en empleabilidad, otros como Honduras, Guatemala o Haití mantienen economías poco diversificadas, instituciones débiles y altos niveles de corrupción. La conclusión es incómoda pero clara: la pobreza puede reducirse, el modelo existe y ya fue probado, pero sin reformas institucionales profundas y crecimiento con valor agregado, el progreso seguirá siendo frágil y profundamente desigual.
