- La reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 modifica el modelo de financiación de la educación superior pública, corrigiendo un esquema que durante más de 30 años creció solo con base en la inflación y no en los costos reales del sistema.
- La reforma amplía el alcance del financiamiento estatal al incluir de manera permanente a las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias públicas, reduciendo brechas históricas entre territorios y niveles de formación.
- El objetivo de largo plazo es alcanzar una inversión cercana al 1 % del PIB en educación superior pública, fortaleciendo la sostenibilidad financiera del sistema y disminuyendo su dependencia de la generación de ingresos propios.
La aprobación de la reforma a la Ley 30 de 1992 marca un punto de inflexión en la educación superior pública en Colombia. Tras décadas de desfinanciación estructural, el nuevo esquema de recursos busca ajustar el presupuesto universitario a los costos reales del sistema, ampliar la cobertura institucional y fortalecer la sostenibilidad de universidades e instituciones técnicas y tecnológicas.
En diciembre de 2025, Colombia dio un paso clave en la transformación de su sistema de educación superior pública. El Congreso aprobó la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, una norma que durante más de tres décadas definió la forma en que se financian las universidades públicas.
¿Por qué era necesario reformar la ley 30?
La Ley 30 de 1992 es la base del sistema de educación superior en Colombia. Entre otros aspectos, garantizó la autonomía universitaria para definir programas académicos, líneas de investigación y estructuras administrativas. También estableció reglas sobre acceso, calidad, acreditación e internacionalización. Sin embargo, uno de sus mayores problemas estuvo en el modelo de financiación.
Desde 1993, los aportes del Estado a las universidades públicas se ajustaban principalmente con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, la inflación. Este mecanismo no tuvo en cuenta que los costos reales de operar una universidad crecen por encima del IPC, más estudiantes, mayores exigencias de calidad, expansión de infraestructura, actualización tecnológica y aumento en gastos de personal. El resultado fue una brecha creciente entre lo que costaba operar las instituciones y los recursos que recibían.
Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), explicó con claridad esta brecha: “Estamos hablando de $17 billones de pesos que se desprenden de lo que las universidades han dejado de recibir debido a que los incrementos presupuestales se hacían con el IPC. Sin embargo, los costos de operar son mucho más altos”. Esta situación obligó a muchas universidades a depender de la venta de servicios, matrículas y proyectos externos para sobrevivir, reduciendo su capacidad de cumplir plenamente su función pública.
¿Qué trae de nuevo la reforma?
La reforma hace parte del llamado Acuerdo Nacional por la Educación Superior, un proceso que incluyó audiencias públicas en universidades e instituciones técnicas y tecnológicas de todo el país. Estudiantes, docentes, rectores y organizaciones sociales participaron en la discusión, recogiendo una demanda histórica del movimiento estudiantil: una financiación suficiente, estable y justa.
El proyecto avanzó con amplio consenso en el Congreso. Fue aprobado de manera unánime tanto en Senado como en Cámara de Representantes, un hecho poco común en reformas de alto impacto fiscal.
1. Del IPC al ICES
El cambio central está en la forma como se calcula el aumento anual del presupuesto para las instituciones de educación superior públicas. A partir de ahora, el presupuesto ya no se ajustará por la inflación general, sino por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), calculado por el DANE. Este indicador mide realmente cuánto le cuesta a una institución educativa funcionar (salarios científicos, insumos químicos, software, infraestructura). Lo anterior garantiza que el dinero no pierda poder adquisitivo frente a las necesidades académicas reales. Además, se establece que los aportes adicionales de la Nación se incrementen en un porcentaje no inferior al 70,0 % del crecimiento real del PIB, frente al 30,0 % que regía anteriormente.
2. El objetivo del 1,0% del PIB
La reforma no se limita al corto plazo. Establece una proyección presupuestal alineada con el Plan Nacional de Desarrollo, con un impacto fiscal estimado de 18,7 billones de pesos constantes de 2024 entre 2027 y 2040. A largo plazo, el objetivo es alcanzar una inversión equivalente al 1,0% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación superior pública, acercando a Colombia a los estándares internacionales de la OCDE. El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, ha señalado que este paso es fundamental para que la educación deje de depender de la “voluntad política” y quede garantizada como un derecho en la ley.
3. Inclusión de las Técnicas y Tecnológicas (ITTU)
Históricamente, la Ley 30 se centró en las universidades, dejando en un segundo plano a las instituciones técnicas y tecnológicas. La reforma incorpora a 32 instituciones técnicas y tecnológicas adicionales al Presupuesto General de la Nación. Lo anterior permite cubrir a las 67 instituciones de educación superior públicas del país, reconociendo que la formación técnica es vital para la equidad y el desarrollo regional.
¿Cómo se distribuirán los nuevos recursos?
Los recursos adicionales tendrán varios destinos prioritarios. Entre ellos están la ampliación del acceso, la permanencia y la graduación de estudiantes; el fortalecimiento del bienestar universitario; la mejora de las condiciones laborales de docentes y personal administrativo; la inversión en infraestructura y la reducción de brechas territoriales y sociales.
Un punto importante es que los recursos deberán invertirse de acuerdo con los planes de desarrollo de cada institución. Esto reconoce que las necesidades no son iguales en todo el país: algunas universidades requieren más infraestructura, otras necesitan fortalecer su planta docente o implementar protocolos de atención a violencias basadas en género.
Además, la reforma introduce mecanismos de transparencia y control social. Las comunidades educativas podrán conformar veedurías ciudadanas para hacer seguimiento al uso de los recursos, con el acompañamiento de la Contraloría General de la República.
¿Qué dicen los expertos?
Aunque la aprobación fue unánime, el debate no ha estado exento de advertencias. El representante, Óscar Darío Pérez, expresó: “Cuando se trata de proyectos que requieren aval fiscal debemos ser muy cuidadosos… no se midió realmente la sostenibilidad fiscal de este nuevo cálculo”. Esta postura subraya que, aunque el beneficio social es innegable, el Estado tendrá el reto de generar los ingresos necesarios para cumplir con esta nueva ley sin desequilibrar las finanzas públicas.
La crisis actual de las universidades públicas muestra por qué la reforma era necesaria. Casos como el de la Universidad de Antioquia, que ha tenido que vender predios y reducir su planta docente, o el deterioro de la infraestructura de la Universidad Nacional, evidencian las consecuencias de décadas de desfinanciación. Informes recientes de la Contraloría también alertan sobre pasivos pensionales que superan los 8 billones de pesos en algunas de las principales universidades del país.
En este contexto, la reforma a la Ley 30 no resuelve todos los problemas de inmediato, pero sí sienta las bases para un sistema más estable y equitativo. Al garantizar reglas de financiación más acordes con la realidad, Colombia avanza hacia un modelo en el que la educación superior pública deja de depender de la voluntad política de cada gobierno y se consolida como un derecho respaldado por la ley.
Un punto innovador de esta reforma es que no solo entrega más dinero, sino que exige mayor vigilancia. Se ha facultado a las comunidades educativas para conformar veedurías ciudadanas. Estas, con el acompañamiento de la Contraloría General de la República, vigilarán que cada peso se use de forma eficiente y transparente. Lo anterior responde a una petición histórica de los movimientos estudiantiles que, tras las marchas de 2018 y 2019, exigían no solo más recursos, sino un control real sobre cómo se gasta.
En los próximos años, el verdadero impacto de la reforma se medirá en su implementación. Si los recursos llegan de manera efectiva y se usan con transparencia, el país podría estar frente a uno de los cambios más importantes en su sistema educativo en las últimas décadas.
