Durante el último siglo, Estados Unidos ha intervenido militarmente en más de 70 países mediante invasiones, ocupaciones, apoyo logístico, bombardeos selectivos u operaciones especiales. Sin embargo, los resultados han sido mucho más heterogéneos de lo que sugiere el imaginario colectivo. Casos como Japón y Alemania Occidental —ambos tras la Segunda Guerra Mundial— demuestran que la combinación de ocupación prolongada, reconstrucción institucional y financiamiento externo puede derivar en crecimiento económico sostenido y estabilidad política. Por ejemplo, Japón se convirtió en la tercera economía del mundo. Alemania Occidental consolidó el “milagro económico” gracias al Plan Marshall y al acceso a mercados occidentales. Panamá, intervenido en 1989 con un objetivo político y estratégico acotado, no experimentó una reconstrucción profunda. Pero sí logró estabilidad macroeconómica y posicionarse como un hub logístico y financiero regional. En estos casos convergieron tres elementos clave: objetivos militares claros, duración limitada y capacidades estatales mínimas para absorber la transición.
La cara opuesta se observa en Irak y Afganistán. Tras la invasión de 2003, Irak enfrentó insurgencia sectaria, vacío institucional y fragmentación territorial; el costo estimado para EE. UU. supera los 2,3 billones de dólares, con al menos 189.000 muertes directas y un proceso político aún inestable dos décadas después.
Afganistán implicó 20 años de presencia militar, casi 978.000 millones de dólares en gasto operacional y más de 170.000 víctimas. Finalmente, el país retornó al control talibán en 2021 tras la retirada estadounidense.
En estos casos fallaron tres variables que la literatura considera determinantes: apoyo local, capacidad estatal y estrategia de salida. La evidencia comparada sugiere que las intervenciones tienden a producir mejores resultados cuando combinan objetivos acotados, reconstrucción institucional y coordinación económica.
En contraste, cuando el país intervenido carece de instituciones, consenso interno o seguridad jurídica, el costo se multiplica y la probabilidad de estabilidad disminuye. Por lo tanto, este marco abre una pregunta pendiente respecto al caso venezolano. Allí la intervención reciente fue corta, focalizada y sin reconstrucción institucional. Así queda abierta la discusión sobre resultados futuros.
