La Corte Constitucional ha ordenado la suspensión provisional del Decreto 1390, expedido en diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional había declarado el estado de emergencia económica y social. La determinación, adoptada el 29 de enero de 2026 con una votación de 6 magistrados a favor y 2 en contra, deja sin efectos jurídicos inmediatos todas las normativas derivadas de dicha medida, impidiendo que se continúe con la recolección de tributos amparados en este marco excepcional. No obstante, el alto tribunal aclaró que los dineros ya captados por la administración permanecerán intactos en las arcas del Estado, mientras avanza el estudio de fondo sobre la constitucionalidad del denominado “decreto madre”.
Según Infobae, la decisión responde a múltiples solicitudes presentadas por gremios y sectores productivos que alegaban vicios de forma y una insuficiencia argumentativa en la declaratoria inicial. Al aceptar tales alegatos, se frena la aplicación de nuevos impuestos y beneficios tributarios, incluyendo las modificaciones relacionadas con el IVA y el patrimonio. Frente a este revés jurídico, el presidente Gustavo Petro advirtió que la medida podría profundizar el déficit fiscal, criticando la postura de los magistrados y señalando que la opción más sana para las finanzas públicas consistía en que los mayores capitales devolvieran parte de los subsidios recibidos para equilibrar la deuda y las tasas de interés.
El futuro de la política fiscal del Gobierno queda en entredicho, pues juristas advierten que la suerte de los decretos reglamentarios posteriores está ligada directamente al fallo final sobre esta declaratoria. Mientras se espera una sentencia definitiva en los próximos meses, el mandatario sostiene que la suspensión hace corresponsables a los magistrados de una eventual crisis, argumentando que se buscaba subsanar el desbalance generado por subsidios a la gasolina y una política monetaria que, a su juicio, ha encarecido la deuda interna, favoreciendo la especulación financiera en detrimento de la economía social.
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