La reciente decisión de incrementar el salario mínimo en un 23,0 % generará una presión sustancial sobre las finanzas públicas, ampliando considerablemente el hueco fiscal del Gobierno Nacional. Las proyecciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) estiman que el desbalance aumentará en $5,3 billones para el presente año, cifra que escalaría hasta los $8 billones a partir de 2027. Dicha situación obedece principalmente a la indexación de gastos constitucionales, como las mesadas pensionales y los salarios de los servidores públicos, lo cual aleja al país de la senda de ajuste necesaria para garantizar la sostenibilidad de la deuda soberana a largo plazo.
Según El Nuevo Siglo, el análisis detalla que el mayor impacto proviene del gasto en pensiones del régimen de prima media, el cual demandará recursos adicionales por $4,7 billones, sumado a $0,6 billones destinados a la nómina estatal. A lo anterior se añade una previsión negativa en los ingresos tributarios; se calcula que, si las empresas absorben el 25,0 % del sobrecosto laboral reduciendo sus márgenes de utilidad, el recaudo por impuesto de renta corporativo podría caer cerca de $2,7 billones anuales desde 2027. Tal panorama resulta crítico en un momento donde la estabilidad macroeconómica requiere mensajes de austeridad y control del gasto.
El reporte también advierte sobre riesgos adicionales no cuantificados plenamente, como el efecto en las rentas vitalicias del régimen de ahorro individual (RAIS), donde el Estado debe cubrir el faltante financiero cuando el ajuste salarial supera la inflación y la productividad. Asimismo, el encarecimiento de servicios tercerizados como vigilancia y aseo impactará el presupuesto de funcionamiento de las entidades oficiales. En consecuencia, la entidad fiscalizadora concluye que estas dinámicas comprometen el cumplimiento de las metas de la Regla Fiscal, dificultando el retorno a un escenario de equilibrio financiero en el mediano plazo.
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