El mercado ilegal de cigarrillos en Colombia alcanzó un máximo al abarcar el 38,0% del consumo nacional durante el año 2025. Dicha cifra representa un incremento frente al 22,0% registrado en 2019, consolidando una problemática estructural que trasciende la marginalidad comercial. Como consecuencia de esta dinámica ilícita, los departamentos dejaron de percibir cerca de $1,18 billones por concepto del impuesto al consumo. Tales recursos, originalmente destinados a financiar sectores esenciales como la salud, el deporte y la recreación, generan un déficit en las finanzas territoriales y limitan la capacidad de inversión de las administraciones locales.
Según el informe de la Federación Nacional de Departamentos divulgado por Portafolio, la región Caribe concentra la mayor incidencia del mercado negro, liderada por La Guajira con un 94,0%, seguida de Cesar y Magdalena con el 79,0% y 76,0%, respectivamente. El desplazamiento de la demanda hacia redes informales obedece principalmente a la amplia brecha tarifaria, dado que una cajetilla legal superó en promedio los $12.000 en 2025, valor que equivale al precio de 2,5 unidades de contrabando. En contraste, los mayores volúmenes netos de recaudo perdido se ubican en zonas densamente pobladas como Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca y Cundinamarca.
La comercialización de las mercancías ilegales, provenientes de orígenes diversos como Estados Unidos, Uruguay, Corea del Sur y China, se realiza predominantemente a través del ecosistema minorista cotidiano. Más del 70,0% de las ventas ilícitas ocurren en tiendas de barrio y minimercados, factor que dificulta el control institucional y debilita la efectividad de las políticas preventivas de salud pública. Frente a tal escenario, las autoridades advierten que el flagelo financia economías criminales asociadas al lavado de activos, haciendo imperativo revisar la política tributaria para evitar que los altos gravámenes continúen incentivando la expansión del comercio ilícito.
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