La intensa ola invernal que atraviesa el territorio nacional ha puesto en riesgo crítico la cosecha arrocera correspondiente al primer semestre de 2026. Las constantes precipitaciones y las consecuentes inundaciones han impactado severamente la infraestructura agropecuaria, dejando un saldo preliminar de más de 1.400 hectáreas de siembras dañadas. Semejante emergencia climática se traduce en mermas económicas que superan los $10.000 millones, encendiendo las alarmas sobre un posible desabastecimiento de uno de los bienes alimenticios más relevantes dentro de la canasta familiar básica.
Según Contexto Ganadero, Martha Carvajalino, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, expuso ante la Comisión Tercera del Senado la gravedad de la coyuntura actual. La funcionaria advirtió que la recolección proveniente de Córdoba y otras zonas fuertemente golpeadas podría no llegar a comercializarse, alterando de forma directa la estabilidad de la cadena de suministro en todo el país. Las lluvias extremas han deteriorado las vías terciarias y paralizado las labores de campo, agravando el panorama operativo para los agricultores locales que dependen de dicho cereal.
Frente a semejante escenario de vulnerabilidad, el Gobierno Nacional hizo un llamado urgente para establecer acuerdos colaborativos entre los cultivadores, la industria y los demás eslabones comerciales. El propósito central radica en mitigar el golpe financiero, proteger el sustento de las familias campesinas y generar estrategias que permitan estabilizar la oferta alimentaria interna. De persistir el mal tiempo, resultará indispensable adoptar medidas de contingencia extraordinarias para evitar que la reducción del grano disponible termine golpeando el poder adquisitivo del consumidor final.
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