La Corte Suprema de Estados Unidos determinó la anulación definitiva de los aranceles globales impuestos unilateralmente por el presidente Donald Trump. A través de un fallo aprobado con 6 votos a favor y 3 en contra, el máximo tribunal concluyó que el mandatario carecía de autoridad legal para aplicar dichos impuestos a las importaciones sin la aprobación explícita del Congreso. La decisión representa un revés sin precedentes para una de las principales políticas económicas de la actual administración, marcando límites claros sobre el poder ejecutivo en materia comercial.
Según La República, el presidente del tribunal, John Roberts, redactó el documento argumentando que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 no fue concebida para establecer políticas arancelarias de tal magnitud. El gobierno había invocado dicha normativa para gravar productos provenientes de más de 100 naciones y sancionar comercialmente a México, Canadá y China bajo el argumento de combatir el tráfico de fentanilo. En los últimos 50 años, tal herramienta legal solo se había utilizado para embargos específicos, motivo por el cual diversas instancias judiciales previas ya habían declarado ilegales las medidas adoptadas desde la Casa Blanca.
Las estimaciones oficiales indicaban que la estrategia arancelaria pretendía recaudar aproximadamente US$1,5 billones durante la próxima década. Sin embargo, análisis de la Reserva Federal de Nueva York revelaron que los ciudadanos y empresas estadounidenses terminaron asumiendo el 90,0% del costo de los gravámenes. Ante la anulación, los jueces disidentes advirtieron sobre el enorme desafío logístico que implicaría devolver miles de millones de dólares a los importadores afectados. Frente al fallo adverso, los representantes comerciales del gobierno han manifestado su intención de explorar nuevas herramientas legales para intentar restablecer la cuestionada política tributaria.
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