El Ministerio de Comercio expidió el Decreto 0170 de 2026, normativa mediante la cual se oficializa un gravamen del 30,0 % a las importaciones provenientes del vecino país. Dicha medida cobija un total de 73 subpartidas arancelarias, teniendo sectores claves como alimentos, agroindustria y químicos. La decisión surge como una respuesta directa a las restricciones comerciales aplicadas previamente a los envíos nacionales, configurando un nuevo capítulo en las tensiones bilaterales que encarecerá insumos básicos como arroz, cacao en polvo, azúcar de caña y fríjol para el consumidor local.
Según La República, Javier Díaz Molina, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), explicó que la lista seleccionada por el Gobierno Nacional afecta al 90,0% de los bienes que esa nación vende a Colombia. Aunque el decreto busca provocar una corrección efectiva de las barreras impuestas inicialmente, el dirigente gremial advierte que tal determinación terminará afectando el intercambio comercial en ambas vías. Al elevarse los costos, la demanda interna se reducirá, obligando a los importadores a buscar proveedores alternativos u orígenes distintos para evitar los sobrecostos generados por dicho conflicto diplomático y económico.
Adicionalmente a los nuevos impuestos, la regulación restringe el ingreso de ciertas mercancías a través de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Ipiales y Puerto Asís. Entre los artículos bloqueados por tales pasos fronterizos se destacan el arroz descascarillado, peces ornamentales, trucha para reproducción, camarones, langostinos, papa, cebolla y tomate. De prolongarse la disputa por varios meses, el resultado inevitable será una pérdida significativa del comercio bilateral, donde ambas economías terminarán comprando y vendiendo menos volúmenes ante la inviabilidad financiera de mantener las operaciones actuales.
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