El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0176 del 24 de febrero de 2026, normativa que adopta medidas extraordinarias para asegurar el suministro del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en las regiones afectadas por la ola invernal. La directriz modifica temporalmente las reglas de operación vigentes, permitiendo que los complementos nutricionales sean entregados para su consumo en casa y fuera de la jornada académica regular. Tal disposición aplica exclusivamente en los municipios de los ocho departamentos donde se declaró previamente el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, buscando proteger el derecho fundamental a la alimentación de niños y jóvenes ante la posible suspensión de clases presenciales por daños en la infraestructura.
Según el Ministerio de Educación Nacional, la intensidad de las lluvias y los eventos hidrometeorológicos recientes han dejado un saldo de 763 sedes educativas afectadas hasta el 8 de febrero, con un impacto crítico en territorios como Antioquia, Córdoba y Magdalena. El documento administrativo establece que, si las circunstancias obligan a ordenar trabajo académico en los hogares, los estudiantes inscritos en el sistema oficial seguirán recibiendo el beneficio alimentario sin interrupciones. Dicha flexibilidad resulta indispensable, dado que la normativa anterior limitaba la prestación del servicio estrictamente a los espacios físicos de los planteles y durante el calendario escolar activo, restricción que dejaría desprotegida a la población vulnerable en medio de la calamidad pública.
La medida cobija a una población potencial de 1.168.808 beneficiarios del PAE ubicados en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, zonas donde la matrícula total asciende a 1.410.368 alumnos. Al adicionar parágrafos a las Leyes 2167 de 2021 y 1176 de 2007, el Ejecutivo garantiza la concurrencia de recursos y la continuidad de la estrategia estatal hasta que se normalicen las condiciones de prestación del servicio educativo. De tal manera, se prioriza el bienestar y la permanencia escolar de los menores, mitigando los efectos nocivos de la crisis climática sobre la seguridad alimentaria de las familias en las áreas más golpeadas por el fenómeno natural.
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