El Gobierno colombiano, en conjunto con las principales autoridades económicas, finalizó un proyecto de ley destinado a establecer un marco normativo integral para los activos digitales. Andrés Murcia, funcionario del Banco de la República, señaló que la postura estatal evolucionó desde una visión prohibitiva hacia el reconocimiento de la innovación subyacente en criptomonedas y tokens. El documento, actualmente bajo custodia del Ministerio de Hacienda, define dichos instrumentos como representaciones de valor y no como moneda de curso legal, debido a su incapacidad para cumplir plenamente las funciones del dinero tradicional.
Según Valora Analitik, el articulado fundamenta su estructura en 4 objetivos primordiales enfocados en la protección del consumidor, la estabilidad macroeconómica, el fomento tecnológico y la libre competencia. Para lograr tales metas, la normativa contempla la creación de una figura institucional especializada para operar en el mercado, acompañada de un entorno de pruebas controlado. Dicho diseño legal capitaliza los aprendizajes obtenidos durante el plan piloto ejecutado por la Superintendencia Financiera entre los años 2021 y 2024, el cual permitió comprender los riesgos de interactuar con el ecosistema financiero convencional.
La iniciativa legislativa distribuye funciones específicas entre diversas entidades estatales para garantizar una supervisión rigurosa. La Superintendencia Financiera asumirá la vigilancia principal de las operaciones, el Banco Central regulará el impacto de las denominadas stablecoins sobre la soberanía monetaria y la DIAN controlará el registro tributario obligatorio. Aunque el texto sigue modelos internacionales probados en naciones como Brasil y Singapur, hallándose listo para su respectivo debate en el Congreso de la República, todavía carece de una fecha precisa de radicación a causa de otras prioridades en la agenda del Ejecutivo.
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