La caída de Nicolás Maduro no habría sido únicamente el desenlace de una operación de fuerza, sino el resultado de una negociación silenciosa que reconfiguró el tablero político venezolano. Con la llegada al poder interino de Delcy Rodríguez, el chavismo inició un giro pragmático que enterró la retórica del Socialismo del Siglo XXI para abrir las puertas del sector energético al capital estadounidense. El nuevo esquema flexibiliza el rol de PDVSA en los proyectos petroleros y permite mayor control operativo a empresas extranjeras, en un intento por reactivar producción, estabilizar el bolívar y recuperar flujo de caja. Este viraje, inspirado en el pragmatismo económico asociado a Deng Xiaoping, prioriza resultados sobre ideología: “no importa el color del gato, siempre que cace ratones”.
Sin embargo, la apertura ocurre bajo una tutela financiera inédita. Parte de los ingresos petroleros quedarían supervisados por mecanismos vinculados al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con actores en Qatar, mientras la Casa Blanca —bajo el liderazgo de Donald Trump— condiciona alivios y licencias a compromisos de transparencia y estabilidad. Aunque encuestas reflejan un repunte del optimismo social, la infraestructura pública continúa deteriorada y la apertura política sigue siendo limitada, pese a anuncios de amnistía. Venezuela enfrenta así una disyuntiva histórica: ¿es este el renacimiento económico que permitirá superar años de colapso, o una estrategia de supervivencia que preserva el poder bajo nuevas reglas de dependencia?
