El Gobierno Nacional promulgó el Decreto 0271 de 2026, mediante el cual se crea la Red de Protección Social para la Vida, un modelo diseñado para brindar seguridad integral a los recicladores de oficio. La normativa, que entrará en vigor el primero de julio de dicho año, reconoce a los integrantes del gremio como trabajadores independientes con derechos, permitiéndoles mantener su autonomía laboral sin la obligación de formalizarse como empleados. El sistema beneficiará a quienes se dediquen habitualmente a la recolección y clasificación de residuos, pertenezcan a asociaciones legalmente constituidas y perciban ingresos inferiores a un salario mínimo mensual.
Según Caracol Radio, el esquema estructurado se fundamenta en pilares esenciales que cubren salud, pensión y riesgos laborales. En el ámbito sanitario, las alcaldías garantizarán el acceso al régimen subsidiado para quienes carezcan de cobertura. Respecto al retiro, los beneficiarios podrán ingresar al Programa de Subsidio al Aporte en Pensión o al sistema de Beneficios Económicos Periódicos, donde las organizaciones aportarán cerca del 5,0 % de los ingresos del trabajador y el Estado adicionará un incentivo del 20,0 %. Asimismo, las agrupaciones deberán afiliar a sus miembros a una Administradora de Riesgos Laborales para protegerlos frente a accidentes o enfermedades ocupacionales, calculando los pagos sobre la base de un salario mínimo.
El modelo de financiación resalta por eximir a los operarios de pagar las cotizaciones con sus propios recursos. Los fondos provendrán de la tarifa de aprovechamiento del servicio público de aseo y de las actividades económicas desarrolladas por las Organizaciones de Recicladores de Oficio. El mandato prohíbe expresamente realizar descuentos sobre las ganancias mensuales de los recolectores para evitar afectaciones en su economía básica. Dichas asociaciones sin ánimo de lucro asumirán la responsabilidad de gestionar las afiliaciones, mientras los gobiernos locales actualizarán los censos poblacionales para asegurar una integración adecuada a los programas de asistencia vigentes.
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