- La Frontera Agrícola Nacional, es un límite que especifica el área de suelo rural donde es permitido realizar actividades agropecuarias.
- La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) determinó un área total de 42’944.940 hectáreas, tanto en territorio continental como insular, donde se puede decidir qué y dónde cultivar para beneficiarse de los incentivos, proyectos y programas del Gobierno Nacional.
- Meta es el departamento que tiene la mayor frontera agrícola asignada, con 4,9 millones de hectáreas.
La Frontera Agrícola Nacional es un límite que especifica el área de suelo rural donde es permitido realizar actividades agropecuarias como la agricultura, la ganadería, la acuicultura, pesca y silvicultura. La Frontera Agrícola Nacional también señala las zonas delimitadas por motivos legales, políticos y técnicos, conforme a la Resolución 261 de 2018 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Recientemente, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) realizó una actualización a la Frontera Agrícola. La entidad determinó un área total de 42’944.940 hectáreas, tanto en territorio continental como insular, donde se puede decidir qué y dónde cultivar para beneficiarse de los incentivos, proyectos y programas del Gobierno Nacional.
Meta es el departamento que tiene la mayor frontera agrícola asignada, con 4,9 millones de hectáreas. Seguido de los departamentos de Vichada y Casanare, con 4,7 millones y 3,4 millones de hectáreas, respectivamente. En la región oriental, se encuentran Antioquia y Santander, con 3,2 millones y 2,3 millones de hectáreas cada uno. Los departamentos que menos contribuyen a la frontera agrícola total son Vaupés y Quindío, con solo 63.000 hectáreas y 96.000 hectáreas, respectivamente.
La actualización de la frontera agrícola incluyó varias acciones fundamentales, como la nueva representación de ésta y la revisión de las categorías que la integran. También se modificó la terminología de “exclusiones” a “restricciones” y se clasificaron las restricciones de “bosques naturales y áreas no agropecuarias” en dos categorías distintas:
- Acuerdo cero deforestación.
- Restricciones técnicas: áreas no agropecuarias
Asimismo, la nueva frontera contempla áreas con condiciones para la actividad agropecuaria que abarcan 10’857.799 hectáreas para el componente ambiental, 6’258.923 hectáreas de carácter étnico-cultural y 20’141.450 hectáreas en frontera no condicionada. Del total de hectáreas productivas, el 37,6% corresponde al umbral agrícola. Las áreas con condiciones abarcan 22,8 millones de hectáreas, mientras que las áreas no condicionadas suman 20,1 millones de hectáreas.
Además, se añadieron nuevas áreas protegidas, como el Parque Nacional Natural Serranía de Manacacías (Meta) y la expansión del Parque Nacional Natural de la Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena).
Definir la frontera agrícola es fundamental por diversas razones. En primer lugar, facilita la elaboración y enfoque de la gestión de políticas públicas en los sectores agropecuario, pesquero y de desarrollo rural. En segundo lugar, fomenta el uso eficiente del suelo rural destinado a la agricultura, promueve el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural, y potencia la productividad y competitividad de las actividades agropecuarias. Por último, contribuye a estabilizar y reducir la pérdida de ecosistemas de gran relevancia ambiental.
Para la actualización de la frontera agrícola, se tomaron en cuenta varios aspectos esenciales. Se reafirmó el Acuerdo Cero Deforestación sectorial, confirmando los compromisos del país en esta área. También, se llevó a cabo un análisis exhaustivo de la Frontera Agrícola condicionada, teniendo en cuenta las tipologías ambientales, étnico-culturales y de gestión de riesgo. Se dio prioridad a los territorios del Caribe insular, el litoral Pacífico y la Amazonía colombiana.
Asimismo, se incluyó el análisis del ámbito marino costero y anfibio en el proceso de actualización. Se realizó un estudio exhaustivo de los factores ambientales y de la información suministrada por diferentes entidades y sectores. Además, se establecieron espacios de colaboración con autoridades ambientales, instituciones, sectores económicos, institutos de investigación y otros actores clave.
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